La Policía Orteguista (PO) por primera vez, en seis meses de protesta social contra el régimen de Daniel Ortega, se dignó a informar públicamente que detuvo este domingo a 38 manifestantes azul y blanco que se disponían a participar en la marcha “Unidos por la Libertad”, en el sector de Camino de Oriente, Managua.
De estos, ocho fueron liberados y treinta permanecen presos y están siendo investigados para ser procesados judicialmente.
A la violenta y detención de manifestantes, se suma la retención también arbitraria de las dos defensoras de derechos humanos Haydée Castillo y Lottie Cunningham en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, aunque se conoció que esta última logró salir del país.
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Sobre este abuso de poder de la dictadura, la PO no dijo nada.
“Permanecen en prisión 30 personas, que convocaron y participaron en manifestación pública sin el debido permiso policial, alterando la paz y la normal convivencia de nuestro pueblo”, se lee en el comunicado.
Un día antes de realizarse el plantón social en demanda de libertad para reos políticos del régimen de Daniel Ortega, la PO amenazó que reprimiría las marchas y los plantones que no tuvieran permiso previo de ellos.
Violencia inaudita
Este 14 de octubre se vio una vez más el actuar violento y desproporcionado de la PO contra pobladores que solo portaban banderas azul y blanco en sus manos. También se criminalizó el derecho constitucional a protestar y enviará a los detenidos a los juzgados de Managua, donde una batería de jueces orteguistas los esperan para condenarlos en juicios políticos.
“…se realiza las investigaciones para determinar niveles de responsabilidad penal de los detenidos y los remitirá a las autoridades competentes para su enjuiciamiento”, reitera en el comunicado la policía al servicio del régimen.
Entre las manifestantes detenidas están: Suyén Barahona, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila, Ana Lucía Álvarez, María de los Ángeles Gutiérrez, Silvia Castillo Salaverry, Alejandra Machado, Ana Lucía Álvarez Vigil y la ciudadana estadounidense Marcela Martínez Guzmán. Esta última fue capturada junto a su esposo de nacionalidad costarricense Allan Cordero Ocón, de 40 años, quien está desaparecido porque no aparece entre la lista de los treinta presos ni en la de los ocho liberados.
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Arlen Cordero, prima del detenido, dijo en redes sociales que la pareja tiene unas gemelas de cuatro años que están preguntando por sus padres.
También están presos Mauricio Ríos, José Antonio Peraza Collado, Francisco Ortega, Marvin Reyes, Gustavo Adolfo Vargas, Maynor Quintero Peña, Marvin Reyes, Sofía Velázquez González, María Dolores Monge Aguilar, Kenneth Joel Saballos, entre otros. En la tarde, las detenciones continuaban según denunciaron pobladores en redes sociales. A los detenidos los sacaban hasta de sus vehículos y centros de compras.
“En represalia a su labor”
La información sobre la retención de las defensoras de derechos humanos la dio a conocer en redes sociales el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que también se pronunció por el arresto de manifestantes en Camino de Oriente, Managua.
“Hacemos un llamado urgente para que se les libere de manera inmediata. Así mismo, exigimos información a las autoridades sobre el paradero y condiciones en que se encuentran estas personas”, reza el comunicado del Cejil.
Según el Cejil, la retención de las activistas es en “represión al trabajo de denuncia” sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua que estas realizan desde sus trincheras.
Castillo es directora del Instituto de Liderazgo de Las Segovias y se le conoce por su ardua labor como defensora en el departamento de Nueva Segovia. Ha sido víctima de múltiples acciones de acoso y amenazas en su casa en Ocotal, Nueva Segovia, donde paramilitares le dañaron su vehículo.
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Por su parte, Cunningham es presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) y ha jugado un papel activo en las denuncias en el sangriento conflicto que colonos han ejecutado contra los indígenas por la invasión de sus territorios. También ha sido víctima de amenazas de muerte de parte de grupos oficialistas y hostigamiento, persecución y amenazas de detención de policías y grupos de represión de la dictadura.
Medidas cautelares
Según información del Cejil, durante la retención de las defensoras de derechos humanos Cunningham y Castillo fueron obligadas a bajar de un vuelo en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua, Nicaragua, por oficiales de Migración y Extranjería. Luego se conoció que Cunningham logró viajar, pero Castillo fue trasladada al centro de torturas el Chipote.
En Ocotal, sus familiares confirmaron que la activista les envió mensajes de texto informando sobre su detención arbitraria y luego de eso perdieron contacto con ella.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) exigió garantía a la integridad física y sicológica de Lottie Cunningham y Haydée Castillo.
Tanto Castillo como Cunningham tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a los riesgos que corren en el ejercicio de su trabajo, denunciando la crisis de derechos humanos en Nicaragua.
El Cejil también exhortó a la comunidad internacional a “doblar esfuerzos diplomáticos, de manera que retorne la democracia y la paz en este país centroamericano”.