La represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no hace distinciones ni tiene límites. No solo reprime a personas que tratan de ejercer su derecho de manifestación pacífica, como el domingo pasado. La represión es una política de Estado, igual que en todos los países dominados por dictaduras o tiranías.
A los partidos políticos que son verdaderamente opositores, que los hay, aunque pocos, no los han eliminado para imponer el sistema de partido único —como el de Cuba, que es el modelo que le gusta a Ortega—, pero los han socavado y reducido a una mínima expresión.
La empresa privada, a partir de que puso fin a su alianza con el Gobierno el 18 de abril pasado, ha sido también reprimida de diversas maneras, desde los saqueos de negocios y la ocupación de propiedades urbanas y rurales, hasta el acoso fiscal, aduanero y de otras entidades del Estado.
La Iglesia católica es atacada por el régimen con un diabólico discurso de odio, la acusa de golpista y terrorista y manda a las turbas a agredir físicamente a obispos, sacerdotes y monjas, inclusive al Nuncio Apostólico que es el representante personal del papa Francisco en Nicaragua.
Las organizaciones de la sociedad civil son víctimas habituales de la represión orteguista. Se les comenzó a reprimir desde que Daniel Ortega restauró la dictadura en 2007 y el régimen presionó a países y organismos internacionales donantes de las ONG locales, para que dejaran de financiarlas o les redujeran drásticamente el indispensable financiamiento, a fin de debilitarlas y liquidarlas.
Ahora, en el desborde represivo para aplastar e impedir las protestas pacíficas, la dictadura ha incrementado los ataques contra las organizaciones de la sociedad civil. Acusa a líderes destacados como Félix Maradiaga, Luciano García —y ahora Haydée Castillo, quien ha sido encarcelada—, de conspiración y financiamiento de actividades terroristas, cuando todo el mundo sabe que aquí el único terrorismo que hay es el que practica el Estado.
La dictadura de Ortega aplica el mismo patrón de Venezuela. Persigue a las organizaciones civiles, en particular a las que se dedican a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, al empoderamiento de los sectores sociales marginados, a la construcción de ciudadanía y formación de cultura democrática, al control social del poder público, etc.; y las acusa de ser instrumentos de la política exterior de los Estados Unidos (EE.UU.).
Los tiempos que corren no son buenos para la sociedad civil, los partidos democráticos, la Iglesia católica, la empresa privada y todos los que abogan por la libertad y la democracia. Pero hay que resistir, seguir luchando de manera cívica y pacífica, sin perder la confianza en las propias fuerzas y con la certeza de que ninguna dictadura es invencible ni eterna.