Otro error garrafal

Este mes el gobierno cometió otro error garrafal. Me refiero a su reglamentación de la ley que aprobó la Unidad de Análisis Financiera (UAF)

En abril, el gobierno aprobó ciertas medidas para abordar la crisis financiera que enfrenta el INSS. Estas medidas —vendidas como “reformas”— no cumplían con las recomendaciones del Fondo Monetario. Tampoco contaron con el visto bueno del Cosep y fueron el detonante que activó la insurrección cívica que estalló hace casi seis meses.

Para tranquilizar al país, el gobierno revirtió las supuestas reformas, pero ya el daño se había hecho. Y esta acción unilateral y mal pensada de El Carmen pasó a la historia como una magna equivocación con tremendas consecuencias negativas conocidas por todos.

Este mes el gobierno cometió otro error garrafal. Me refiero a su reglamentación de la ley que aprobó la Unidad de Análisis Financiera (UAF). Abajo ofrezco los detalles.

En 2007 se creó un Grupo de Acción Financiero Internacional, conocido como el GAFI. Esta agencia internacional, cuya sede está en París, tiene como objetivo combatir el lavado de dinero y al terrorismo negándole a estos flagelos acceso al sistema financiero global. El GAFI estableció un marco de estándares para los bancos alrededor del mundo y presionó a todos los países a establecer sus propias UAF. En 2012 Nicaragua creó la UAF para evitar que el sistema bancario nicaragüense perdiese su acceso a la red global de bancos. Y el general Denis Membreño Rivas fue nombrado su director. Membreño, un hombre probo y profesional, montó a la UAF, y en 2015 la GAFI la reconoció como una institución técnicamente seria y sólida garantizando, así, el acceso de nuestros bancos al sistema financiero global.

Adelantando la película, el comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Murillo han otorgado a la UAF —vía decretos publicados el 3 de octubre— una serie de responsabilidades que no tienen nada que ver con su mandato original de prevenir el lavado de dinero vinculado a delitos graves como el narcotráfico, corrupción, crimen organizado y terrorismo. Por ejemplo, según el reglamento la UAF tendría acceso directo a registros de vehículos, portación de armas, movimientos migratorios y declaraciones anuales de impuestos sobre la renta.

Lo más irónico es que esta información ya está disponible para el gobierno a través de otras instituciones como la Policía, el INSS y la DGI. Quizás por eso ha surgido la inquietud de que se pretende convertir a la UAF en una suerte de Gestapo criolla.

Mi preocupación es que la reglamentación prácticamente desvirtuaría a nuestra UAF y dañaría a su reputación institucional. Como consecuencia, podría desencadenar una reacción mundial en su contra que podría perjudicar el acceso de nuestros bancos al sistema financiero internacional. Esto sería un golpe mortal para nuestro sistema financiero… y para nuestra ya averiada economía. ¡Y esto es lo último que necesitamos!

El autor fue canciller de Nicaragua y presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional.