Mientras la dirección de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por medio de una nota de prensa argumentó que sus nuevos poderes legales se ajustarían a exigencias de organismos internacionales, el diputado orteguista Jacinto Suárez defendió la persecución en contra de las organizaciones de la sociedad civil.
Suárez, quien es secretario de Relaciones Exteriores del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), acusó, sin presentar pruebas, de que las oenegés críticas del régimen han “desvirtuado” su trabajo para convertirse en activistas políticos.
“Lo que hacen es activismo político y yo sí creo que deben ser revisadas”, dijo Suárez este martes a LA PRENSA.
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Desde el inicio de las protestas ciudadanas en abril, los organismos defensores de derechos humanos han documentado los más de 322 asesinatos, miles de heridos y el resto de abusos a la población por parte del régimen.
La Policía Orteguista acusa a los presidentes de los organismos de la sociedad civil Hagamos Democracia, Luciano García, e Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Félix Maradiaga, de supuestamente estar relacionados con el narcotráfico para financiar el supuesto golpe de Estado contra Daniel Ortega. Esos organismos han sido críticos de las políticas antidemocráticas de la dictadura. Pero Suárez dijo que no existe una persecución “sino que esas organizaciones deben trabajar para lo que fueron creadas, (que) no es meterse en política”.
La nueva Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo fue aprobada por el orteguismo en julio pasado, y con esa se amplió el listado de sujetos obligados a ser supervisados por la UAF, donde se incluyó a las organizaciones sin fines de lucro, los negocios de emisión de pagos, las casas de empeño y préstamo, los comerciantes de vehículos nuevos y usados, entre otros sectores.
El parlamento nacional también aprobó en julio una nueva Ley de la UAF. Y el 3 de octubre, el dictador Daniel Ortega mandó a publicar el reglamento de la Ley de la UAF, donde le amplió sus poderes al permitirle tener acceso directo a información personal de los ciudadanos y las empresas que manejan ocho instituciones públicas.
En el artículo 35 del reglamento de la Ley de la UAF se dio un plazo transitorio de sesenta días, a partir del 3 de octubre, para que los nuevos sujetos obligados se inscriban ante esa entidad con sus reportes financieros.
Si bien las oenegés no aparecen como sujetos obligados ante la UAF, en la Ley antilavado se incorporó un capítulo completo donde se dejó a las organizaciones sin fines de lucro como reguladas por esa ley.
UAF dice solo cumplir
Las principales cámaras empresariales y representantes de organismos de derechos humanos se han pronunciado en contra de las facultades de la UAF, señalando que se convirtió en una institución de espionaje financiero y un arma política en contra la sociedad civil. Sin embargo, las autoridades de la entidad a través de una nota de prensa dijeron que las leyes aprobadas responden a las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). “La UAF hace y siempre hará uso de sus facultades conforme los límites del marco jurídico vigente”, dijo.
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