Amnistía Internacional: represión en Nicaragua fue bajo el «orden y control» de las autoridades

Amnistía Internacional presentó este jueves su segundo informe sobre la situación en el país, titulado Sembrando el terror: De la letalidad a la persecución en Nicaragua

Paramilitares mantienen el control de diferentes departamentos de Nicaragua. LA PRENSA /EFE

Paramilitares del Gobierno desmontaron los tranques a punta de balas. LA PRENSA /EFE

A seis meses de iniciada la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las protestas en Nicaragua, Amnistía Internacional considera que estas violaciones a los derechos humanos se llevaron a cabo con el conocimiento de las más altas autoridades del Estado nicaragüense, «entre ellas el presidente y la vicepresidenta de la República» y que muchas de ellas fueron bajo el «orden y control» de estas autoridades.

El organismo presentó este jueves su segundo informe sobre la situación en el país, titulado Sembrando el terror: De la letalidad a la persecución en Nicaragua, en el que menciona que la dictadura llevó a cabo detenciones arbitrarias, torturas y el uso generalizado e indiscriminado de la fuerza letal por parte de la Policía Orteguista y fuerzas parapoliciales fuertemente armadas.

«El Estado nicaragüense mantuvo un discurso criminalizador, en el que denominó “terrorista” o “golpista” a toda persona que se manifestara en contra del Gobierno, con el fin de justificar sus acciones violentas», asegura el organismo en el informe.

Daniel Ortega, paro nacional
Daniel Ortega en una imagen de archivo. LA PRENSA/ EFE

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El informe, que fue presentado en España, fue realizado tras dos visitas de investigación realizadas a Nicaragua y Costa Rica en julio y septiembre pasado, durante las cuales esa organización efectuó 115 entrevistas y documentó 25 casos de violaciones de derechos humanos. Además, un equipo de expertos examinó más de 80 piezas de material audiovisual y fotográfico para proporcionar un análisis contextual al informe.

Uso de armamento militar

De acuerdo a Amnistía Internacional, el régimen ha hecho un uso de forma cada vez más generalizada de grupos parapoliciales armados que utilizan armas de uso militar y quienes a menudo trabajan de forma conjunta con la Policía Orteguista, no solo para disuadir las protestas, sino aterrorizar a la población.

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Por ejemplo, el informe menciona el ataque a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua) el pasado 13 de julio, donde “grupos parapoliciales fuertemente armados atacaron indiscriminadamente a los y las estudiantes que se resguardaban en el campus, mataron a dos e hirieron al menos a 16, mientras la Policía bloqueaba las salidas dejando atrapadas a más de 200 personas en el interior”.

Un grupo de antimotines altamente armados. LAPRENSA/Cortesía

“Amnistía Internacional ha documentado a policías y grupos parapoliciales armados con fusiles tipo AK; fusiles de francotirador Dragunov, Remington M24 y FN SPR; ametralladoras RPK y PKM, e incluso lanzagranadas portátiles PG-7. El uso de algunas de estas armas de guerra está prohibido en labores de seguridad pública”, apunta esa organización.

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Aunque en su informe Amnistía destaca que algunas de las personas que protestaban usaron morteros de fabricación casera y de acuerdo a algunos informes una minoría recurrió al uso de armas de fuego como escopetas y fusiles, “esto no justifica que las autoridades usaran —de forma generalizada, desproporcionada y en su mayor parte indiscriminada— medios letales contra todas las personas que protestaban. En su lugar, las autoridades debieron haber respondido con la mínima fuerza necesaria para restablecer la seguridad pública”.

El organismo señala que Daniel Ortega, en las distintas entrevistas a medios internacionales, ofreció todo tipo de justificación sobre el uso de estos grupos armados que primero se lo atribuyó a la derecha, luego que era la población para defenderse y en otra policía voluntaria, sobre lo cual Amnistía refiere que “si bien los grupos parapoliciales no entran en la categoría de policía voluntaria debido a que las acciones que se identificaron extralimitan (y están en ruptura) con lo establecido por la ley, Amnistía Internacional considera que el Gobierno se habría amparado en esta figura para darle a sus acciones apariencia de legalidad”.

En la imagen aparece un paramilitar saliendo de una patrulla de la Policía Nacional. CORTESÍA

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Amnistía Internacional recuerda que los cuerpos de seguridad estatales solamente pueden recurrir al empleo de armas letales “cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida y cuando resulten ineficaces medidas menos extremas”.

Ejecuciones extrajudiciales

El informe documenta seis posibles ejecuciones extrajudiciales, que constituyen delitos de derecho internacional. Uno de estos casos fue la muerte de Leyting Chavarría, de 16 años, quien recibió un disparo en el pecho cuando la Policía y grupos parapoliciales atacaron unas barricadas en la ciudad de Jinotega. Según testigos, un policía antidisturbios mató a Chavarría, que sólo llevaba una hulera, refiere Amnistía en su informe.

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Leyting Exequiel Chavarría, de 16 años. LA PRENSA/Sara Ruíz

“La Policía antidisturbios también mató presuntamente a Faber López, uno de sus propios agentes. Aunque el gobierno culpó de su muerte a unos ‘terroristas’, su familia dijo que el cadáver no tenía heridas de bala, pero sí mostraba señales de tortura. La víspera de su muerte, López había llamado a su familia para decir que iba a renunciar y que si no contactaba con ellos al día siguiente sería porque sus colegas lo habían matado”, destaca el informe.

Al menos 12 casos de tortura

Igualmente documenta al menos 12 casos de posibles torturas, incluido uno de tortura sexual de una mujer joven en un centro de detención oficial. En varios casos, las víctimas tenían aún lesiones físicas cuando fueron entrevistadas, más de un mes después de haber sido torturadas. Amnistía Internacional entrevistó a jóvenes que habrían sido torturados tras ser detenidos de manera arbitraria el día 16 de julio de 2018.

De acuerdo a los testimonios recabados, once estudiantes (seis hombres y cinco mujeres) habrían sido interceptados en una ciudad al oeste del país por elementos de la Policía y parapolicías encapuchados, tras revisar sus maletas y encontrar una bandera nicaragüense.

La crueldad de las torturas se ha incrementado en la medida que transcurren los días de la crisis.
U.Molina/LAPRENSA

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“Al momento de la detención habrían sido insultados y amenazados; golpeados con las culatas de los AK tanto en cabeza como en estómago; al menos dos de ellos habrían sido arrojados al suelo y pateados, y uno habría sido pateado fuertemente en los testículos”, indica Amnistía.

Las once personas fueron sometidas a interrogatorios por uniformados y personas armadas y vestidas de civil, tres de ellas reportaron haber recibido patadas en los genitales, y al menos dos, alegaron que les quemaron los testículos con un cigarrillo en los interrogatorios del primer y segundo día.

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“En el caso de las mujeres reportaron que la primera noche les habían obligado a quitarse la ropa interior con la intención de dársela a otros presos. Una de ellas, habría sido amenazada con el asesinato de su hija de tres años, y en el caso de otra, le habrían arrancado prácticamente toda la uña del dedo gordo del pie y habría sufrido un aborto debido a los golpes sufridos en su abdomen”, refleja el informe.