Comisión Porras "criminaliza" a los ciudadanos por protestar y apunta a la Iglesia Católica

Comisión Porras “criminaliza” a los ciudadanos por protestar y apunta a la Iglesia Católica

Oficialismo ha señalado a obispos y los sacerdotes de cómplices de violencia

18/10/2018
Comisión Porras, Iglesia católica

Cairo Amador, presidente de la Comisión Porras junto al jefe de la bancada del FSLN, Edwin Castro, durante la sesión de ayer en la Asamblea. LA PRENSA/ J. FLORES

La Comisión Porras, en su segundo informe preliminar presentado este miércoles en el Parlamento, culpó a los manifestantes de toda la violencia acontecida desde abril, e informó que preparan expresamente un capítulo en su reporte sobre la participación de la Iglesia católica.

La Comisión Porras fue conformada por la Asamblea Nacional, bajo control del orteguismo, el 29 de abril para “investigar” los crímenes durante la jornada de protestas, pero desde un principio se cuestionó que la mayoría de sus miembros son personajes vinculados al régimen.

Cairo Amador, Jaime López y Adoldo Jarquín dijeron que, entre del 19 de abril y el 18 de agosto, hubo 269 muertes, de los cuales afirman solo ocho son universitarios.

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Organismos de derechos humanos independientes han documentado entre 322 y 513 los asesinatos y han señalado el uso excesivo de la fuerza de la Policía contra los manifestantes, un escenario distinto al tímido contexto planteado por la Comisión que nunca usa por ejemplo la palabra masacre.

“Lo que se hizo fue reproducir lo que se dijo sin ninguna calificación. Sí estamos trabajando un capítulo dedicado al rol de la Iglesia en el contexto nacional… creo que en los próximos diez estará listo”, anunció Amador, presidente de la Comisión.

Aunque Amador intentó no calificar a los religiosos, los silencios de los miembros de la Comisión y la presentación de un vídeo indicaron la ruta oficialista.

La Comisión Porras calló sobre los ataques sufridos por sacerdotes, obispos, el cardenal Leopoldo Brenes y el Nuncio Apostólico Stanislaw Waldemar, así como a varias parroquias por turbas y la Policía Orteguista (PO).

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El vídeo mostró imágenes de los autoconvocados en las barricadas y los tranques, y de los policías y sandinistas muertos.

Al finalizar la transmisión, podía verse al sacerdote Enrique Martínez Gamboa durante la Marcha de las Madres, el 30 de mayo, la cual al ser atacada por los paramilitares llamaba a la gente a no tener miedo y, como el resto de manifestantes exigía la salida del poder de Ortega.

El otro objetivo fue monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, cuya imagen fue mostrada cuando en el video algunos manifestantes dijeron que los obispos les habían dado ánimo para seguir. Justo cuando apareció el rostro del religioso donde se leía la frase “el rey del Twitter”.

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) fueron invitados como mediadores y testigos del Diálogo Nacional por Ortega, sin embargo el 19 de julio el dictador acusó a los religiosos de “golpistas” por haberle planteado el adelanto de las elecciones como salida pacífica a la crisis sociopolítica.

El régimen mantiene una campaña de desprestigio contra los religiosos católicos y en los muros de la Catedral de Managua se pueden leer mensajes donde se pide entregar a la justicia a obispos cómplices.

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Mismo guión

Cairo Amador, presidente de la Comisión Porras, desde el inicio del informe dijo que de las manifestaciones contra las reformas a la Seguridad Social fueron “distorcionadas por una minoría con claras intenciones insurreccionales”. Ese es el mismo guion del régimen para desacreditar la protesta ciudadana.

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La Comisión Porras no mencionó nada sobre los ataques armados de la PO y los grupos paramilitares contra de la ciudadanía. Y se evitó culpar a la PO de crímenes horrendos como el de los seis miembros de la familia quemada viva, entre ellos dos niños, en el barrio Carlos Marx, en Managua. Jaime López, de la Comisión, dijo que “hay información muy contradictoria alrededor de este hecho” que no permite identificar a los autores. Sin embargo el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre ese crimen indicó: “Según consta, la casa fue incendiada porque los dueños no permitieron a la Policía y a los francotiradores utilizar el tejado”.

Abandonaron sesión

16 diputados entre los del PLC , el de Yatama y del Partido Conservador se retiraron ayer de la sesión en la Asamblea porque, dijeron, que la Comisión Porras no reconoce los crímenes del régimen contra la población.

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