Por sexta ocasión el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reúne, hoy, en una sesión extraordinaria para abordar la crisis que atraviesa Nicaragua desde el pasado 18 de abril.
La sesión del Consejo Permanente fue convocada por la Misión de Canadá, que, junto a Chile, coordina el Grupo de Trabajo para Nicaragua, integrado por doce países .
Hay mayor represión
La reunión es precedida por denuncias de un incremento de la represión de la dictadura de Daniel Ortega hacia los manifestantes y el intento de ilegalización de las marchas opositoras, uno de los propósitos recientes de la Policía Orteguista.
Lea también: Amnistía Internacional: represión en Nicaragua fue bajo el “orden y control” de las autoridades
El pasado 14 de octubre, 38 personas fueron detenidas de manera arbitraria por las autoridades policiales, lo que provocó rechazo nivel local y también de parte de la comunidad internacional.
La nueva convocatoria indica que este grupo de países presentará su segundo informe, en el que se espera conocer el resultado de las reuniones que ellos han sostenido con diferentes actores, para hablar del caso de Nicaragua, entre las cuales tuvieron con organismos regionales, instituciones financieras internacionales y representantes de la sociedad civil nicaragüense.
El Grupo de Trabajo fue creado el último 2 de agosto y el 12 de septiembre presentó su primer informe, en el que sostuvo que la crisis y la violencia en el país continúan.
CIDH presentará reporte
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará también una presentación sobre el caso del país centroamericano en la nueva sesión de la OEA.
Lea además: Unidad Nacional Azul y Blanco se reúne con Luis Almagro en Washington
Horas antes de la reunión, la CIDH actualizó el número de muertos a 325 en el país, como resultado del incremento de los actos de violencia y la represión del Estado para evitar las protestas ciudadanas.
El organismo, que ha sido cuestionado por ser “parcial” por Ortega, ha señalado en realidad las detenciones arbitrarias de manifestantes, la etapa de “criminalización” de la protesta.
La CIDH reiteró al Estado de Nicaragua la necesidad urgente de garantizar el acceso a información detallada sobre las personas fallecidas.
El régimen de Ortega ha obstaculizado la labor del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dos organismos creados para investigar los hechos de violencia y contribuir a una salida a la crisis.
La posición de EE. UU.
La violencia contra los ciudadanos en Nicaragua ha provocado la reacción de Estados Unidos.
Lea también: La dictadura de Nicaragua se aísla más al cortar con la OEA
El embajador de ese país ante la OEA, Carlos Trujillo, quien integra el Grupo de Trabajo, dijo esta semana que se han reunido con ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con grupos de la sociedad civil (nicaragüense) y otros actores que están preocupados por la situación de Nicaragua.
El diplomático explicó que las sesiones con representantes de las instituciones financieras internacionales tienen como fin evitar que Ortega desvíe los fondos aprobados para acciones represivas contra los nicaragüenses.
“Estamos preocupados que los fondos que han sido aprobados para la administración de Daniel Ortega, sean destinados para financiar los actos de violaciones a los derechos humanos. Es algo que nadie va a apoyar”, sostuvo el miércoles pasado en entrevista con LA PRENSA.
La propuesta del Grupo de Trabajo a las instituciones financieras internacionales es que tomen en cuenta y se cercioren que el dinero que estén enviando a Nicaragua no sea utilizado para cometer acciones violatorias a los derechos humanos, “si no lo pueden garantizar, no deben realizar los desembolsos”, expresó entonces.
Además: Grupo de trabajo de la OEA condena agresión a ciudadanos en Camino de Oriente
Hasta ahora, el Consejo Permanente de la OEA ha emitido dos resoluciones en las que condena los actos de represión contra la población y el clero nicaragüenses.
Sin embargo, el Estado nicaragüense persiste en las violaciones a los derechos humanos de sus propios ciudadanos.