Pese a que el régimen planea quitarle a la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex) los privilegios fiscales y la discrecionalidad en sus operaciones, el sector privado insistió ayer en que la ley creadora de dicha empresa debe ser retirada de la Asamblea Nacional porque el Estado no debe competir en negocios que son exclusivos de la empresa privada.
El viceministro de Hacienda y Crédito Público, José Adrián Chavarría llegó ayer a la Comisión Económica de la Asamblea Nacional para introducir modificaciones a dicho proyecto de ley, entre los cuales figura eliminar el artículo relacionado con los privilegios fiscales que se otorgan a Enimex, así como desaparecer la discrecionalidad que a la empresa estatal se le da en sus operaciones comerciales.
Pero, Chavarría anunció que dicha ley sería reglamentada, mediante la cual se teme se introduzcan medidas más dañinas al sector privado que lo que ya está en la misma ley creadora. La Comisión Económica llamará a consulta la próxima semana al sector privado, entre ellos a las cámaras del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y los gremios aliados mipymes del régimen.
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Desde ahora el sector privado baraja no asistir al llamado dado, pero sí insistir en que dicho proyecto debe ser retirado para proteger los esfuerzos exportadores que por años se han hecho para lograr que los ingresos por comercio exterior crezcan.
El gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), Mario Arana insistió ayer en que dicha propuesta de ley debe ser retirada de la Asamblea y que lo que le urge al país es buscar una salida negociada a la crisis política para encontrar la solución al problema económico.
“Nosotros no estaremos asistiendo (a la Comisión Económica), nosotros creemos que el país lo que necesita es negociar su crisis política y que no es con medidas económicas, menos con la creación de empresas estatales que vamos a resolver la crisis económica”, afirmó Arana, quien aclaró que hasta ayer dicha invitación no les había llegado.
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A criterio del presidente de la Cámara de Industria de Nicaragua (Cadi), Sergio Maltez aunque a Enimex se le quiten los privilegios fiscales, eso no implica que la misma no representa una competencia desleal para el sector privado.
“El Estado siempre tendrá ventajas en la competencia con empresas privadas por la relación con las demás instituciones públicas relacionadas, independientemente si va a pagar impuestos o no como empresa. El Estado no debe de competir en aspectos comerciales netamente privados”, afirmó Maltez.
La diputada opositora Azucena Castillo, miembro de la Comisión de Economía, insistió que dichas modificaciones no serán suficiente para aplacar la incertidumbre que el proyecto de ley ha levantado en el sector privado, por lo que insistió en que lo más prudente en este momento de convulsión económica es que este sea retirado para evitar daños severos inclusive en la cadena de valores, que tanto ha costado crear en los últimos años y que han permitido a productores pequeños insertarse en los mercados internacionales.
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Rechazo generalizado
El pasado miércoles 15 organizaciones agremiadas al Cosep expresaron su rechazo a la creación de dicha empresa y demandaron el retiro de dicha ley de la Asamblea Nacional. En un comunicado, el bloque empresarial dijo que desde ahora el proyecto crea “inseguridad jurídica, limita las inversiones privadas, pone en riesgo la sostenibilidad y eficiencia los procesos exportadores e importadores que el sector privado ha manejado de manera efectiva en los últimos 28 años y que han generado beneficios tangibles para Nicaragua”.
Al respecto, Maltez insistió en que si el Estado lo que pretende es impulsar al sector exportador-tal como ha intentado justificar-lo mejor es “elaborar proyectos de colaboración con nuestras gremiales agrupadas en las diferentes cámaras de Cosep”.
Esa articulación se puede crear a través de Comisión Nacional para la Promoción de las exportaciones del Ministerio de Fomento Industria y Comercio.
¿Qué dice la ley?
El 4 de octubre de este año, el régimen de Daniel Ortega introdujo una iniciativa de ley para convertir a la actual Empresa Nicaragüense de Importaciones (Enimport) a Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex).
En el artículo 2 de dicho proyecto de ley se le da a Enimex el poder de vender y comprar como agente discrecional del Estado. Se puede asociar con empresas y firmar contratos comerciales.
En el artículo 3 se le da el poder de abrir sucursales en todo el país, así como asignar representantes en el exterior.
En el artículo 4 se le permite a la empresa ofrecer servicios, incluido el de almacenaje, depósitos aduaneros, servicio de transporte de mercancías y participar en cualquier actividad comercial, entre otros.
En el artículo 12 se le permite captar donaciones tanto del sector privado, cooperación internacionales, entre otros.