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CONTENIDO EXCLUSIVO.En un quirófano del Hospital Antonio Lenín Fonseca un estudiante universitario con una herida de bala en la cabeza era intervenido quirúrgicamente. De pronto, irrumpió el silencio el neurocirujano: “Hay que succionarle el cerebro para que quede inutilizado, porque de todas maneras este estúpido no sirve para nada”, quienes estaban en la sala de operaciones quedaron estupefactos, así lo expresaron en las redes sociales.
Las denuncias en las redes sobre lo ocurrido en aquel quirófano obligó a la dirección del hospital a reunir al personal médico, fue entonces cuando el urólogo José Luis Borgen pidió a las autoridades que tomaran alguna medida disciplinaria con el neurocirujano. Para sorpresa de todos las autoridades sí tomaron “medidas disciplinarias” pero en contra de quienes hicieron la denuncia.
Desde ese día el neurocirujano se dedicó a enlistar a todos los trabajadores del hospital que comentaban sobre la represión gubernamental o sobre la orden de “no atender a los heridos”, la búsqueda comenzó en los pasillos del hospital y trascendía a las redes sociales. Al doctor Borgen simplemente lo mandaron de vacaciones, 15 días después lo echaron del hospital, no le permitieron recoger sus cosas, ni despedirse de nadie y lo sacaron escoltado hasta la salida.
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“Cuando regresé (de las vacaciones) me estaban esperando con una carta de despido, ya más o menos tenía la idea de que eso era lo que se pensaba hacer, pero mi despido se hace acusandome de mala atención a un paciente y violando todos los procedimientos para hacer un despido, sin probar nada, sin una junta para analizar el caso y sin estar yo presente. Me despidieron y me sacaron además del hospital, prohibieron que yo reingresa al hospital, me mandaron con unos vigilantes y fiscales hasta mi vehículo”, recuerda el galeno.
Mientras el doctor Borgen era echado del hospital Lenín Fonseca la población de Managua peregrinaba con santo Domingo de Guzmán, era 01 de agosto y la lista de asesinatos causados por el régimen gobernante era de 200 víctimas. Estaba abatido, llevaba 28 años trabajando en el Sistema de Salud, pero a la vez se sentía liberado, podía continuar la labor que meses atrás comenzó clandestino, él y varios colegas estaban ayudando a los heridos por la represión.
“Sucede que al médico su preparación, su facultad lo obliga éticamente a brindar atención médica a los desvalidos y el hecho de que cerraran las puertas de los hospitales y los centros de salud hizo que los médicos se movilizaran a brindar esa atención (clandestina), eso es parte del juramento hipocrático, a nosotros nuestra vocación y nuestra ética, nos hace que brindemos atención independientemente del credo político”, relata el médico.
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Dentro del gremio médico la represión comenzó antes del 18 de abril, pero ese día la televisión mostraba a jóvenes y ancianos siendo vapuleados por seguidores del régimen. Del otro lado de la pantalla, en un pasillo del hospital, un grupo de doctores observaban atónitos, nadie pronunció palabra. Las 36 horas del turno parecían eternas, faltaban recursos para atender a los heridos, pero la orden era expresa “los hospitales públicos estaban cerrados para los manifestantes”.
“Nadie podía protestar, nadie tenía derecho a contradecir lo que decía el Gobierno… cualquiera que contradecía lo que decía gobierno inmediatamente era despedido; entonces, cuando vimos que los estudiantes de medicina, sobretodo los de universidades privadas, se volcaron a atender a los heridos, rápidamente nos dimos cuenta que ellos necesitaban ayuda y entonces se improvisaron clínicas clandestinas y hospitales de campaña en cada universidad”, recuerda el galeno.
Sin la presencia de médicos especialistas en los improvisados puestos de salud de las universidades y tranques, la cantidad de muertos por la represión del régimen gobernante –quizá– sería mucho mayor, pero en esta tercera etapa de la represión en que la dictadura ha criminalizado las protestas, la mayoría de los doctores prefieren que su ayuda siga siendo clandestina.
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“Participamos en atención directa a heridos, en llevar medicamentos, llevar alimentación, materiales de reposición periódica y trasladando a hospitales a los heridos. Tuvimos que hacerlo de forma clandestina porque nadie quiere que lo identifiquen, por la situación que siguió el gobierno criminalizando nuestra actuación… y lo que estábamos viendo es que se estaban muriendo los estudiantes, el futuro de este país se estaba muriendo por culpa de los francotiradores, de las turbas, de las pandillas, de los paramilitares”, recuerda el doctor.
Pese a la “orden de arriba” parte de los heridos fueron admitidos en hospitales públicos pero ahí sus vidas pendían de un hilo. Los trabajadores de la salud se debatían entre ayudar y correr el riesgo de perder el empleo o dejarlos morir y conservar sus puestos de trabajo. Muchos como el urólogo del Lenín Fonseca decidieron apegarse a sus principios éticos.
Para el doctor José Antonio Vásquez, de la Unidad Médica Nicaragüense, en este país “explotó un problema social” hasta el punto que a los médicos, que atendieron a la población que era reprimida, se les pagó con más represión.
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“Los están corriendo del trabajo, muchos han tenido que renunciar antes que los corran, muchos han optado por el exilio, otros viven con miedo, han cambiado el lugar donde viven porque los han criminalizando y las turbas del orteguismo los tildan de golpistas”, destacó.
La represión en el gremio médico significó más que la pérdida del empleo, el conflicto les ha dejado pérdidas irreparables, secuelas físicas y psicológicas. “Es todo un drama social, un drama político, un drama familiar, muchas familias se han desintegrado”, lamentó el doctor Vásquez.
Después de ser despedido el urólogo del hospital Antonio Lenín Fonseca denunció ante la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), la forma arbitraria en que lo echaron y exigió su reintegro laboral en el Ministerio del Trabajo (Mitrab). “La juez quinto del Mitrab declaró que efectivamente me despidieron de manera ilegal pero por asuntos de Estado no hay reintegro laboral”, comenta el doctor Borgen.
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Al igual que el doctor Borgen, unos 300 trabajadores han sido despedidos del Sistema de Salud como represalia del régimen. Pero mientras el sistema trata de pulverizarlos el gremio intenta levantarse de las cenizas. “Todos los despedidos nos empezamos a organizar en los departamentos, a conformar una estructura ya con un nombre Unidad Médica Nicaragüense, y comenzamos a hacer denuncias públicas masivas y nos ponemos en solidaridad con la gente para atenderla”, comenta el galeno.
“El desempleo para el médico es duro, porque a parte de que vas a trabajar a un hospital, ese lugar es parte de tu formación, es que tenés que reproducir lo que has aprendido… tenés que entrenar a nuevos médicos para que se vayan formando, eso es lo que te golpea, no es tanto el salario, porque somos mal pagados y somos sobreexplotado porque la carga laboral que existe en el Ministerio de Salud es grandísima”, explica el galeno.
Desde aquella noticia que dejó atónitos a los médicos en un pasillo del hospital han pasado seis meses y la represión gubernamental ha dejado entre 322 y 523 muertos según los organismos de defensores de los derechos humanos, centenares de presos políticos, decenas de desaparecidos, miles de personas en el exilio y cada vez más médicos despedidos.