Los caficultores de Matagalpa se sienten desprotegidos y temen que se incrementen los asaltos y otros delitos debido a la poca presencia de la Policía Orteguista en zonas productivas, mientras continúa avanzando el llamado “graniteo” o recolección de los primeros granos maduros de la cosecha cafetalera 2018-2019, que ha comenzado a generar más movimiento de personas y dinero.
Apenas inició el graniteo el pasado julio, hubo algunos asaltos a pequeños productores que iban a pagar planillas en fincas en el municipio El Tuma-La Dalia, sostuvo Frank Lanzas Monge, presidente honorario de la Asociación de Cafetaleros de Matagalpa (Asocafemat).
Los afectados, cuyas identidades fueron omitidas, buscaron auxilio policial, pero “no estaban tomando las denuncias en la Policía, esa era la orden de no tomar denuncias y hasta ahí quedó pues”, aseguró Lanzas. El productor explicó que “debido a la situación política, la Policía prácticamente no está patrullando el campo, y el Ejército no quiere salir como antes, que nos daba el apoyo con el famoso plan café”.
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Este 27 de septiembre, en una comunidad del municipio de Jinotega, el jefe del Sexto Comando Militar Regional (SCMR) del Ejército, coronel Marvin Paniagua, realizó el lanzamiento del Plan de protección a la cosecha cafetalera, el cual forma parte del plan permanente de seguridad en el campo que esa institución implementa en el país desde 1996.
Sin embargo, Paniagua no respondió a múltiples llamadas telefónicas que le realizó LA PRENSA durante las últimas dos semanas y el jefe del Estado Mayor del SCMR, teniente coronel Basilio Hernández Benavides, en varias ocasiones justificó estar en otras tareas, evitando una entrevista sobre el plan que el Ejército ejecutará en este ciclo cafetalero.
Mientras tanto, la Policía Orteguista, que antes ejecutaba un plan especial de seguridad durante las cosechas cafetaleras en Matagalpa, lleva al menos tres ciclos productivos sin coordinar acciones con los caficultores, confirmó Aura Lila Sevilla Kuan, presidente de la Alianza Nacional de Cafetaleros (ANCN).
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“Tenemos tres años que no nos sentamos con la Policía para coordinar y, para ser honesta y sincera, los productores trabajan más de cerca con el Ejército y creo que ahora, con la situación (sociopolítica), mucho menos que se vayan a acercar a la Policía”, dijo Sevilla, indicando que también, cuando los caficultores han denunciado robos de café y de equipos en las fincas “la respuesta que nos ha dado la Policía deja mucho que desear”.
Productores desarmados
Otro factor adverso, según los productores, es que la Policía Orteguista se ha dado a la tarea de quitarles las armas que tenían legalizadas para cuidar las propiedades, entre escopetas, pistolas y revólveres, incluyendo además las armas de cuido personal.
“Eso ya lo saben los delincuentes, que el productor de la finca tal está sin armas, entonces van a ser sujetos de asaltos”, consideró Lanzas Monge. Por su parte, Sevilla Kuan, considera además que, si bien algunos productores todavía puedan tener sus armas legales “no pueden movilizarse con ellas, porque corren el riesgo de que se las decomisen o los acusen de terroristas, aunque se tenga toda la documentación en regla”.
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“Desde que se comenzó a criminalizar todo, inclusive la posesión de armas legalmente habidas y documentadas, por un lado, se las quitaron a los productores, y por otro, aunque el productor tenga esa arma, no va a poder movilizarse con ella porque más se convierte en un peligro para él. Inclusive las fincas no se van a poder dotar de armas por la misma situación: o me la quitan o me acusan de terrorista”, apuntó Sevilla.
“Ineficacia policial”
Durante el ciclo cafetalero 2017-2018, los caficultores criticaron la “ineficacia policial”, pues reportaron un incremento en asaltos a productores que iban a pagar planillas, asaltos a centros de acopio, incluyendo dos en la propia ciudad de Matagalpa; además del aumento de casos de robo de café, tanto en las plantaciones y beneficios húmedos, cuando el grano es transportado desde las fincas hasta los beneficios secos.
Además, el 28 de diciembre de 2017, en el municipio de Río Blanco, el pequeño productor y comerciante de café, Juan Escoto Garzón y su pareja Adela López Guzmán; así como la hija de ambos, Iris Lindsay Escoto López, de 9 años y la sobrina de él, Judith Escoto Castillo, fueron asesinados por Freddy Cruz García, quien admitió ante un juez en Matagalpa que “por ambición” cometió el múltiple asesinato.
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Mientras tanto, en las zonas de cobertura militar, el Ejército sólo registró cuatro asaltos y todos en el departamento de Jinotega.
Lanzas y Sevilla coincidieron al apuntar que, en ciclos anteriores, la protección a las cosechas había sido más efectiva.
“La esperanza nuestra es que todo transcurra normal, porque el Ejército siempre va a estar desplegado en las montañas y esperamos que como los otros años el índice de asaltos y de movilización de bandas esté neutralizado”, dijo Sevilla.