El 22 de julio pasado fue el último encuentro que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Indepedientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostuvo con funcionarios del régimen Ortega Murillo.
El encuentro fue con el canciller orteguista, Denis Moncada, quien en esa ocasión le aseguró a los expertos que el régimen ya contaba con un programa de reparación para la víctimas de la crisis de violaciones de derechos humanos que sufre Nicaragua a partir del 18 de abril pasado.
Según Sofía Macher, integrante del grupo de expertos que investiga en Nicaragua hechos violentos acontecidos entre el 18 de abril al 30 de mayo, Moncada prometió remitirles una copia del mismo, para lo cual solicitó una semana.
Sin embargo, hasta a fecha, el informe nunca llegó. Por tanto para la experta es difícil saber que piensa el régimen alrededor del tema de la reparación a las víctimas.
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Igualmente el GIEI tampoco pudo reunirse con los miembros de la llamada Comisión Porras. El GIEI presentará su informe en diciembre próximo cuando concluye el período para el cual fue nombrado. Aunque a inicios de julio cuando se instaló la representación de la CIDH en ese momento habló de posibilidad de prórroga.
El GIEI ha sostenido encuentros con diversos sectores del país para exponer lo relativo a la justicia transaccional y en la que la reparación a las víctimas es uno de los cuatro elementos. Los otros tres elementos son la verdad, justicia penal y reformas institucionales.
En el contexto de la violencia que ha sufrido Nicaragua, este es un tema importante de la participación del Estado, pero aunque fue invitado tampoco acudió ninguna representación.
En un encuentro con periodistas, especialistas en el tema explicaron de qué se trata la justicia transaccional.
Según las especialistas en este tipo de casos el Estado debe responder tanto por sus acciones como por las omisiones. Y sobre esto hay antecedentes de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Entre estos casos está la sentencia Velásquez Rodríguez, emitida por ese tribunal en 1988.
A su vez, los gobiernos que asuman posterior a los hechos investigados también son responsables de efectuar las reparaciones a las víctimas, por las violaciones cometidas por los regímenes anteriores, bajo el principio de continuidad del Estado.
En cuanto a la reparación puede ser buscada a través de la vía judicial así como por medio de programas administrativos.