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CONTENIDO EXCLUSIVO.Un desalojo de tomatierras y un juicio fueron suficientes para destapar el horror que se esconde detrás de la forma en cómo trabajan los paramilitares del régimen de Daniel Ortega, que durante “operaciones de limpieza” mataron, robaron y aterrorizaron a los nicaragüenses en coordinación con la Policía Orteguista (PO) y que le ha costado la vida a al menos 322 personas que se levantaron contra el régimen.
Edgardo Antonio Solís Arias, de 36 años, relata a LA PRENSA cómo funcionaban las estructuras de los encapuchados en Carazo.
Él mismo asegura que participó en las “operaciones limpieza” de los tranques que se proliferaron en todo el país en abril, mayo y junio.
Estos operativos en los que participó Solís dejaron decenas de muertos a nivel nacional y las “operaciones limpieza” fueron denominadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la “segunda fase” de la represión en Nicaragua.
Solís ahora está siendo enjuiciado por los delitos de vender “de manera ilegal” lotes de terrenos en la finca Santa Gema o El Socorro, en la ciudad de San Marcos, Carazo, donde el pasado sábado fueron desalojadas más de trescientas familias. Además se le acusa de cometer delitos de usurpación de dominio público, estelionato y de uso de falsos documentos de la propiedad.
Sin embargo él asegura que esos terrenos se los dio “el comandante” (Daniel Ortega) como “premio” a los paramilitares del régimen.
“A todos nosotros nos daban armas, escopetas, para que fuéramos a limpiar los tranques y como prueba de eso tenemos videos”, dijo el hombre y posteriormente su esposa mostró las fotografías y los videos donde él aparece con armas, banderas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y con los “uniformes” característicos de estas fuerzas brutales de choque.
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Solís cuenta que una procuradora, a la que identifica como Jackeline Torres, les dijo que “nuestro comandante nos había premiado y que después nos iba a titular la propiedad, que estuviéramos tranquilos y que durmiéramos tranquilos, lo cual ahora nos paga con esto, con desalojarnos y todavía meternos presos”.
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Ellos, dice, estaban en esos terrenos desde 2012 y que “cuando pasara la bulla” de las protestas les entregarían títulos.
FSLN los armó
Solís asegura que las armas se las daban en la casa del Frente Sandinista de San Marcos. Ahí los hacían firmar y les daban los uniformes para salir a operar a las diferentes ciudades: camisas grises para Jinotepe, azules para Monimbó. “Para identificarnos”, dice. Asimismo cuenta que las camionetas Hilux en las que se movilizaban “las ponía el Estado”.
¿Cuántos paramilitares eran?
Eran 120 muchachos, todos armados. El jefe era Marco Tulio Navarro, el jefe del departamento de los paramilitares de Carazo. Él nos daba las armas y las cajas de tiros. Todos andaban escopetas y algunos M16.
¿Dónde les entregaban las armas?
En el zonal del Frente. En el momento que a nosotros nos entregaban, firmábamos un documento y después las volvíamos a entregar, firmando siempre el documento.
¿Vos participaste en varios levantamientos?
Sí, en Jinotepe, Masaya, Monimbó, Las Esquinas, en Diriamba… prácticamente en todo andábamos nosotros.
¿Qué hacían con los muchachos que capturaban?
Nosotros solamente los entregábamos a las autoridades porque andábamos en coordinación con la Policía Nacional, trabajando. La intención de nosotros no era matar a nadie, sino entregarlos a los que estaban de jefes, que en este caso eran las autoridades.
¿Qué hacían con los cadáveres?
Ahí prácticamente se encargaba la Policía. Ya nosotros no los lográbamos ver, se los llevaban ellos (la Policía). Ahí los andaban en la camioneta.
¿Creés que te están pasando la cuenta?
Pensamos que es injusto esto que están haciendo con nosotros en vez de apoyarnos. El comandante (Ortega) sabemos que ni siquiera se debe dar cuenta, pero queremos hacerle llegar un mensaje al comandante, que nosotros aquí estamos unidos siempre y que hemos estado luchando para que se lleve a cabo toda la tranquilidad del país, pero que ahora nos están traicionando.
Otros procesados
Junto a Solís también son procesados Juan Antonio Rivera Centeno, de 63 años, y Lesther Abraham Pérez Ortiz. Este último se encuentra prófugo con orden de captura, mientras que Rivera Centeno, capitán en retiro del Ejército, contó también a LA PRENSA que él era “el líder de los retirados del Ejército” que anduvieron de paramilitares.
En un video facilitado por él a este medio de comunicación, se le ve coordinando a un grupo de hombres que portan armas, machetes y morteros. “Aquí tenemos a la brigada de apoyo para el Frente Sandinista de Daniel Ortega”, dice en el video. La “misión” del grupo era proteger al zonal del Frente y a la Policía.
Antonio Rivera Centeno y Edgar Antonio Solís Arias fueron capturados por la Policía en agosto. El juicio que se les efectúa continuará este miércoles. Hasta el momento la Procuraduría General de la República (PGR) no ha presentado un documento ni testigos que demuestren su culpabilidad.
Los dos acusados guardan prisión preventiva en la Policía de Jinotepe y sostienen que antes de ser detenidos fueron amenazados de muerte por otros de sus compañeros paramilitares.
Desalojo en El Socorro, San Marcos
El desalojo de la propiedad, que hizo también confesar el modo de operar a otros tres paramilitares el fin de semana, se dio el pasado sábado, cuando unas trescientas familias fueron sacadas del barrio El Socorro. El día del desalojo, David Moisés Mendoza Rodríguez, de 33 años —quien también confesó haber sido paramilitar—, aseguró que ese barrio fue el que más apoyó en la “limpieza” de los tranques.
Ese barrio está ubicado entre Las Esquinas y el municipio de San Marcos, en una propiedad de diez manzanas con clima fresco, abundante vegetación y junto a la carretera.
Otros paramilitares
Este no es el primer caso en que un paramilitar usado por el régimen habla de su participación en las muertes de cientos de nicaragüenses.
El sábado, David Moisés Mendoza Rodríguez, de 33 años, contó que anduvo armado durante tres meses. “Aquí nos dijeron que nos íbamos a quedar, pero nos engañaron, anduvimos apoyando quitando tranques y tengo aval político”, dijo molesto por el desalojo.
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Otros dos paramilitares también se confesaron, pero sin brindar sus rostros ni sus nombres.
“Nos sentimos extrañados todos los paramilitares que participamos en la limpieza (de tranques)”, sostuvo uno de los encapuchados tras el desalojo. A ellos también les dijeron que las propiedades habían sido “regalo del comandante”.