Paramilitares secuestran en Nicaragua al estilo del crimen organizado

Paramilitares secuestran en Nicaragua al estilo del crimen organizado

Managua y otros departamentos continúan siendo escenario de secuestros, como el caso de Juan Alberto Kirkland, quien fue llevado en un vehículo sin placas

24/10/2018
En la mayoría de los casos la Policía Orteguista ha guardado silencio cuando ocurre este tipo de secuestro. LA PRENSA/Captura de pantalla

El régimen de Daniel Ortega se ha ensañado principalmente con los campesinos y estudiantes, a los que ha capturado y torturado por exigir su salida del poder. En la imagen uno de los autoconvocados capturado. LAPRENSA/Captura de pantalla

Pese a que el régimen de Daniel Ortega intenta convencer al mundo que la normalidad retornó a Nicaragua, Managua y otros departamentos continúan siendo escenario de secuestros a plena luz del día, al estilo que opera el crimen organizado en los países más violentos de la región, según las imágenes que han captado la forma de operar de los paramilitares.

Tal fue el caso de Juan Alberto Kirkland, quien fue llevado este martes por un encapuchado en un vehículo sin placas, algo que antes de abril no era común en la capital.

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Desde este martes en horas de la mañana los usuarios de redes sociales estaban alarmados por imágenes de una cámara de seguridad de un local en el barrio Riguero que mostraban al joven caminando y de pronto apareció una camioneta de donde descendió un encapuchado, que portaba un arma de fuego. Este apuntándole con el arma en el pecho, obligó a la víctima a subir en la parte trasera del vehículo.

Kirkland, un trabajador del área de mantenimiento del Hospital Militar, apareció horas después internado en el Hospital Roberto Calderón, antes  Manolo Morales, donde los médicos asociaron el hecho a un supuesto asalto, aunque la Policía Orteguista no se ha pronunciado sobre el hecho en una ciudad que el régimen vende como una de las más seguras de Centroamérica.

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Glenda Kirkland Moreira, madre de la víctima, aseguró ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que conoció de las autoridades hospitalarias que su hijo fue golpeado cuando presuntamente fue asaltado.
El secuestro en el Riguero ocurre un día después que el activista Yaser Morazán denunció el secuestro de su padre, Alfonso José Morazán, en Matagalpa. Al igual que otros casos similares que han sido denunciados, este martes se informó que Morazán fue trasladado a las celdas del Chipote.

La madre de la víctima recurrió ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) en busca de acompañamiento, pues ella no está muy clara de la forma en que ocurrieron los hechos, así como si su vástago fue conducido primero al Distrito Cinco de la Policía o al centro asistencial.

El asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, refirió que en el secuestro de Kirkland, el modo de operar utilizado por los perpetradores es similar al empleado en ocasiones anteriores, con la diferencia que las víctimas aparecen en las celdas del Chipote y en este caso fue abandonado en un hospital.

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Cuevas aclaró que el término de este delito es secuestro y aunque la víctima aparezca posteriormente en una delegación policial como el Chipote, no puede considerarse una detención ilegal o arbitraria, pues actúan de forma similar que sicarios del crimen organizado.

Esta situación repetitiva que ocurre en Nicaragua es calificada por Cuevas como “terrible para la institucionalidad” porque se desconoce si quienes secuestran son delincuentes comunes o policías vestidos de civil.

A inicios de octubre el universitario Álvaro Briceño fue secuestrado por paramilitares, luego de participar en un plantón realizado en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana (UCA). Posteriormente Briceño apareció en celdas del Chipote e igual su secuestro fue registrado por cámaras de seguridad y de inmediato el video fue subido a las redes sociales. El sábado Briceño fue liberado por la Policía Orteguista.

En la mayoría de los casos la Policía Orteguista ha guardado silencio cuando ocurre este tipo de secuestro, sin embargo la población ha llegado a vincular a grupos de paramilitares con quienes los ejecutan.

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Cuevas manifestó que ante estos casos ya no se sabe cuándo se trata de una actividad delictiva o una detención, y estima que es parte de la anarquía con que actúan las autoridades en Nicaragua.

El abogado de la CPDH expresó que en situaciones como la experimentada por Kirkland, es responsabilidad de las autoridades investigar para que se aclare el hecho, pues no puede seguir pasando esto en el país.

Dicen que fue delito común, pero…

Aunque la presunción de las autoridades del Hospital Roberto Calderón, ofrecida a Glenda Kirkland Moreira, conduce a pensar que se trató de un delito común, hay algunos aspectos que llaman la atención del asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, que merecen ser investigados.

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Por ejemplo, menciona Cuevas que Moreira le manifestó que había visto movimientos sospechosos de vehículos frente a su domicilio que le preocupaban, tras referir que ese tipo de vigilancia la hace la Policía.

El asesor legal de la CPDH recordó que para reprimir las protestas pacíficas de la población el régimen armó a delincuentes y pandilleros de los barrios, no solo en Managua sino en varias partes del país, quienes no descarta que anden delinquiendo y sean causa de inseguridad en todo el país.

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