Mientras la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) advertía este viernes que no observaba cambios en la situación de los derechos humanos en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega bloqueó el acceso a Managua a tres integrantes del equipo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). Desde el aeropuerto capitalino la dictadura les obligó a abordar un vuelo de regreso a San José, Costa Rica.
En el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, bajo el argumento de que no habían solicitado ingreso a Nicaragua con 24 horas de antelación, funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) del aeropuerto de Managua negaron acceso al país a los tres delegados del Cejil, que llegaban al país para asistir a un evento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tres funcionarias de @cejil fueron impedidas por Migración y Extranjería ingresar al país este viernes 26 -10-2018.@laprensa
— Elizabeth Romero (@Eliz_Romero) 26 de octubre de 2018
Marcia Aguiluz, directora del programa para Centroamérica y México del Cejil, era una de las integrantes del equipo que viajaba a Managua para asistir a una reunión invitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según confirmó la tarde de ayer la presidenta de ese organismo, Margarette May Macaulay, que consideró de arbitraria el bloqueo a la delegación.
Francisca Stuardo, una de las que fue escoltada por funcionarias de la DGME al avión, para su regreso a San José, Costa Rica, expresó que un funcionario de Migración les comentó que “tenían orden de no dejarnos entrar porque no habíamos solicitado (ingreso) con suficiente anticipación”.
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Y aunque preguntaron dónde estaba esa normativa, los funcionarios del orteguismo no pudieron sostener ese argumento. Según ellos, les habían advertido este jueves “que estaba negado nuestro ingreso”, relató Stuardo. En 2015 dos abogados del Cejil habían sido expulsados por el régimen.
La decisión nuevamente de no permitir el ingreso del Cejil a Nicaragua fue rechazada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), así como por la relatora de país por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, quien en su cuenta de Twitter calificó de “inaceptable situación”. Además, dijo que el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) reúne la información para informar a la presidenta de la CIDH.
Habíamos invitado a @cejil para reuniones en Managua pero no se los han dejado entrar. La presidenta de la @CIDH Margarette Macaulay que está en visita al país en este momento junto al #MESENI va a pronunciarse a los medios locales. https://t.co/A9bIqeIj1m
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) 26 de octubre de 2018
No hay cambios
El impedimento de ingreso del régimen al Cejil coincide con un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), el cual refiere que no observa cambios en la situación de derechos humanos en Nicaragua y más bien considera que ha habido un marcado incremento de hostigamiento, intimidación y criminalización de quienes protestan y defienden los derechos humanos.
Oacnudh, en su primer boletín mensual de seguimiento de la situación de derechos humanos en Nicaragua realizado desde Panamá entre el 1 y 30 de septiembre, considera como patrón de violación de derechos humanos el incremento de los ataques contra el derecho a la libertad y a la reunión pacífica, restricciones a su ejercicio, así como el aumento a detenciones arbitrarias de personas asociadas a las protestas.
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Según Oacnudh, el pasado mes un equipo dedicado exclusivamente a Nicaragua realizó un monitoreo regular de fuentes abiertas y analizó información “a través de diversos canales, incluido el Gobierno”. De esa manera realizó 38 entrevistas a distancia y 31 entrevistas presenciales en Panamá y Costa Rica, incluyendo víctimas de violaciones de derechos humanos, representantes de la sociedad civil, académicos, y organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos.
Oacnudh destaca el estancamiento del Diálogo Nacional, pese a que el régimen anunció públicamente “que estaba realizando consultas comunitarias con miras en la reconciliación”.
Esa Oficina en su boletín describe una serie de situaciones que califica como preocupantes que va desde el incremento de arrestos a personas percibidas como opositoras al régimen, por la situación de los que huyen del país, así como por la contracción económica que impacta negativamente en los derechos al trabajo, de la seguridad social, salud y alimentación de los nicaragüenses.
También expresa preocupación Oacnudh por las personas privadas de libertad en el contexto de las protestas y la violación al debido proceso del que son víctimas.
A su vez, resalta que a la fecha no existe ningún seguimiento al informe del 29 de agosto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.