Tras un complejo trabajo, debido al bloqueo impuesto por el régimen de Daniel Ortega al acceso de información, un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió la creación de una fiscalía especial que investigue los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua a causa de la represión.
La creación de la fiscalía especial sería mediante una ley o conforme a lo establecido por la Ley Orgánica del Ministerio Público, como forma de “garantizar la independencia de los fiscales en la investigación y ejercicio de la acción penal”, dijo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en una conferencia de prensa, que a su vez mostró su disposición de asesorar al régimen si así lo desea.
Pablo Parenti, uno de los expertos del GIEI, recordó que “los procesos de justicia requieren adecuaciones institucionales que mucha veces no se pueden realizar en tiempo real”.
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Sin embargo, dijo Parenti que “nosotros estamos haciendo una propuesta que creemos que, de ser atendida por el Estado, fortificaría el sistema institucional de Nicaragua y permitiría abrir un camino de justicia lo antes posible”.
Mirá la transmisión completa de la conferencia de prensa del GIEI
El GIEI aseguró además que el trabajo desarrollado en cuatro meses en Nicaragua ha sido complejo, pues no han tenido ninguna colaboración de parte del régimen orteguista.
Pese a esto, el grupo ha realizado su labor y ha determinado que muchas de las personas heridas no tuvieron acceso a una debida y oportuna asistencia médica por parte de profesionales e instituciones públicas de salud, que hubo un gran número de casos en los que el Estado no cumplió con su deber de realizar autopsias. Y esta práctica es considerada por los expertos “fundamental para esclarecer los hechos”.
Asimismo, revela el GIEI en su informe que muchas familias fueron obligadas a firmar actas donde renunciaban a la investigación, como condición para entregarles los restos de sus familiares fallecidos.
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El GIEI mencionó además que la desconfianza de las víctimas y sus familiares en las autoridades encargadas de la investigación y el juzgamiento de los responsables de los graves hechos de violencia “evidencia la falta de transparencia, independencia y autonomía de las instituciones encargadas de restablecer la justicia”.
Por tal razón, aseguró el GIEI, muchas familias no han presentado denuncias y otras aunque denunciaron no han recibido respuesta y hasta se les ha dicho que ellos deben presentar las pruebas.
Ante la falta de cooperación de los funcionarios del régimen, el GIEI debió adoptar una metodología de trabajo que se basó principalmente en recopilar información de fuentes abiertas y en el análisis de la documentación oficial proporcionada por las víctimas y familiares y otras fuentes que no fueron reveladas.
Igualmente examinó videos, fotografías, artículos periodísticos y material en redes sociales. La información ha sido recopilada tanto en Nicaragua como en Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, México y España mediante entrevistas directas a víctimas, familiares y otras personas que estuvieron presentes en el lugar de los hechos.
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Es más, el régimen no ha querido hablar con el GIEI sobre un plan integral de reparaciones, pero que el GIEI anunció presentará al final del mandato de seis meses para el cual fue nombrado. Según Sofía Macher, una de las expertas, ya cuentan con un borrador que han validado y consultado en más de veinte reuniones con diversos sectores de la sociedad civil.
No les facilitaron ni un solo expediente
Otra de las expertas del grupo, Claudia Paz y Paz, mencionó que aunque en los primeros meses se reunieron con la fiscal general Ana Julia Guido y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, hasta la fecha no han recibido un solo expediente de parte de estas instituciones. Tampoco les han permitido reunirse con los familiares de los policías que han perdido la vida en estos hechos.
“Hemos enviado innumerables cartas solicitando desde un principio copias de los expedientes. Se nos indicó que no nos podían proporcionar copias y se nos prometió que se iba adecuar y que se iba a establecer un mecanismo para que pudiéramos acceder directamente a esos expedientes”, explicó Paz.
Tras destacar: “Nosotros manifestamos nuestra total voluntad de acceder a los expedientes, en el lugar en donde ellos pensaran que era adecuado, el día que ellos pensaran que era oportuno, y lo digo porque en ningún momento nosotros nos hemos negado a desplazarnos a la Fiscalía a tener acceso a la información”.
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Esto sucede pese a que, según el experto Amerigo Incalcaterra, ellos deberían haber trabajado “codo a codo con la Fiscalía”, para analizar cada una de las posibles hipótesis de investigación.
127 es el número de muertes durante el período del 18 de abril al 30 de mayo que analiza el GIEI. De estos, 114 casos estiman que pueden vincularse al contexto de la represión ocurrida en esas fechas en Nicaragua.
Plan de reparación a víctimas
Es más el régimen no ha querido hablar con el GIEI sobre un plan integral de reparaciones pero que el GIEI anunció presentará al final del mandato de seis meses para el cual fue nombrado, que según Sofía Macher, una de las expertas, ya cuentan con un borrador que han validado y consultado en más de 20 reuniones con diversos sectores de la sociedad civil.
Macher dijo que este contexto de violencia “ha reactivado el dolor y duelos no resueltos de otras situaciones de violencia que ha vivido en el pasado Nicaragua”.