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protestas en Nicaragua, Nicaragua, muertos en Nicaragua

Desde el pasado 18 de abril, la represión orteguista ha dejado más de 300 personas asesinadas. LA PRENSA/Jader Flores

Holanda congela donación de hospital debido a la represión orteguista

En una consulta enviada por LA PRENSA a la embajada del Reino de los Países Bajos, ubicada en Costa Rica, Amber Douma, oficial de Derechos Humanos de dicha sede diplomática, informó que el desembolso se mantendría congelado durante nueve meses

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Tras vencerse el plazo de dos meses que Holanda estableció para mantener congelada una donación al régimen de Daniel Ortega por violaciones a los derechos humanos durante las recientes revueltas entre abril y julio, las autoridades de dicha nación europea decidieron extender la medida por casi un año, lo que afecta una obra hospitalaria millonaria en Bilwi, Costa Caribe Norte.

En una consulta enviada por LA PRENSA a la embajada del Reino de los Países Bajos, ubicada en Costa Rica, Amber Douma, oficial de Derechos Humanos de dicha sede diplomática, informó que el desembolso se mantendría congelado durante nueve meses, sin brindar mayores detalles.

El 20 de julio de este año, a través de un comunicado, Holanda anunció la suspensión durante dos meses de un fondo de cooperación por 18.4 millones de euros (unos 20.98 millones de dólares), por “las graves violaciones de derechos humanos cometidos por oficiales del gobierno y grupos parapoliciales”. Esta situación afectó la construcción y el equipamiento del Hospital Regional Nuevo Amanecer en Bilwi, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

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“Esta decisión también se tomó debido a las quejas sobre la obstrucción y la grave demora en el acceso a la atención médica para los manifestantes en Nicaragua”, puntualizó Holanda (o el Reino de los Países Bajos) en el comunicado del 20 de julio.

El plazo de los dos meses se venció el 20 de septiembre, tras lo cual dicha nación decidió no darle el dinero a Ortega hasta dentro de nueve meses. “No se han realizado desembolsos. Se ha congelado por otros nueve meses”, afirmó Douma.

La decisión de Holanda explicaría el porqué el régimen de Daniel Ortega solo incorporó para el próximo año en el proyecto del Presupuesto General de la República apenas 6.11 millones de córdobas.

Ese monto es inferior a los 170 millones de córdobas que se presupuestaron este año, cuyo monto fue recortado en su totalidad en la reforma que el régimen ordenó en septiembre ante el congelamiento de dicho fondo por parte de Holanda, la caída de la cooperación y los ingresos fiscales.

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En el proyecto presupuestario 2019 también se revela que Ortega no recibirá una contrapartida de 146.80 millones de córdobas que daría el Banco Centroamericano de Integración Económica para dicha construcción hospitalaria.

Para el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, la decisión de Holanda tiene un doble mensaje: el primero es que no pueden apoyar a un gobierno donde se sigue violando los derechos humanos de los ciudadanos, pero también se da la oportunidad de que haya una solución.

“Se está remarcando la posición de que debe haber un acuerdo, una negociación en donde se recupere la situación de estabilidad que el país requiere para que se pueda volver a contar con esta cooperación”, opinó Aguerri.

Según el presidente del Cosep, la decisión de Holanda demuestra además que “sigue dándole una oportunidad” al país “con la esperanza luego de los nueve meses ya se haya encontrado una salida a la situación” que evite que se pierda el apoyo financiero.

El economista Enrique Sáenz comparte la misma lectura que Aguerri sobre la decisión de Holanda. “El hecho de que no se produzca una cancelación definitiva y que se suspenda por un plazo de nueve meses revela la expectativa de que pueda haber una salida a la situación. La suspensión también revela el daño que provoca a los nicaragüenses el aferramiento del régimen al poder”, sostiene.

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Aguerri lamentó que a pesar de la pérdida de cientos de vidas, del hecho que miles de nicaragüenses estén migrando por miedo a la represión y la falta de empleo en el país, así como que se prevea que la economía caerá alrededor del 4 por ciento este año y las finanzas públicas tengan un gran déficit, el régimen orteguista no demuestre interés por volver al diálogo y prefiera la represión.

“Hemos dicho que esta es una crisis que tiene diferentes formas de expresión. La primera es lo que significa la represión en muertos, heridos y presos, y ahora, en una nueva etapa lo que implica la migración, el desempleo y la pérdida de la cooperación internacional con las implicaciones que esto tiene para todos los nicaragüenses sin distingo” político y social, expresó Aguerri.

Que gobiernos como Holanda suspendan los desembolsos para proyectos en el país “es atrasar programas para beneficios de la ciudadanía en general”, afirmó.
Sáenz plantea: “¿Qué explicación puede ofrecer Ortega a la población de Bilwi, que es la beneficiaria de esta cooperación holandesa?”

Cuando Holanda suspendió por primera vez dicho fondo, dijo que esperaba en Nicaragua la plena implementación de las quince recomendaciones formuladas por la CIDH, incluida la investigación de las denuncias de obstrucción a la asistencia médica, el cese inmediato de la violencia y el desmantelamiento de los grupos paramilitares. Hasta ahora la dictadura no ha cumplido ese pedido.

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“La suspensión de esta ayuda confirma la solidez de la convicción de que el régimen de Ortega viola los derechos humanos de los nicaragüenses de manera inaceptable”, enfatizó Sáenz.

Riesgos son mayores

La crisis económica podría empeorar con las sanciones que Estados Unidos prepara contra el régimen de Daniel Ortega, con la aprobación de la conocida Ley Magnitsky Nicaragüense, que entre sus medidas implica el bloqueo del financiamiento de organismos internacionales a Nicaragua.

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“Hay que tener en cuenta la misma amenaza de lo que implicaría la Ley Magnitsky Nicaragüense, porque eso conllevaría con el resto de la cooperación internacional que ha sido un elemento importante los últimos años ante la caída de la cooperación de Venezuela, la cooperación internacional ha sido vital pero hoy está en riesgo. Hablamos de que los nuevos programas están congelados y si esa ley se pasara, una parte importante de los proyectos aprobados también serían afectados”, dijo José Adán Aguerri, presidente del Cosep.

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