Al descubrirse a nivel internacional la masacre contra la población desde el 18 de abril, cuando estalló la crisis, Daniel Ortega y Rosario Murillo recurrieron a fabricar una mentira con la que intentan justificar su crimen de lesa humanidad, advirtieron ayer analistas, quienes explican por qué es falso que en el país hubo un intento de golpe de Estado y además ahondan por qué el dictador sí cometió esa ilegalidad en 2011, cuando alejó a Nicaragua de la democracia.
A diario el orteguismo llama golpistas a quienes le exigen su salida y los culpa del descalabro económico.
El sociólogo Óscar René Vargas y el general en retiro Hugo Torres explicaron que la comunidad internacional no se creyó el cuento del régimen debido a las contundentes pruebas de las violaciones de los derechos humanos contra el pueblo.
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“Aquí lo que ha sucedido en estos momentos es un intento de golpe de Estado. Los golpistas son las fuerzas alimentadas, financiadas, por los Estados Unidos de Norteamérica y que han estado haciendo presión”, dijo Ortega en una entrevista con medios internacionales.
Esa es la versión que repiten sus funcionarios, diputados y sus simpatizantes, y a la cual el régimen recurrió luego de que se planteara en el Diálogo Nacional una reforma constitucional y el adelanto de las elecciones para el primer trimestre del 2019.
Pero ¿cuándo sucede un golpe de Estado? Según los analistas, esto pasa cuando violentando la Constitución y usando la violencia se usurpa el poder político, sustituyendo por un gobierno de facto al gobierno legítimamente electo. Explican que generalmente está involucrado el Ejército, un grupo armado o se da en “contubernio” entre los militares y partidos políticos.
En Nicaragua el Ejército se ha mantenido al margen, al menos públicamente, pero el régimen ha armado a civiles (paramilitares) y a fuerzas policiales para asesinar, perseguir y asediar a los autoconvocados, lo que le ha permitido retener el poder. En cambio, la población solo ha organizado marchas y tranques, como método de protesta.
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Vargas también resume el golpe de Estado como “la toma del poder político de un modo repentino, rápido y violento, por parte de un grupo de poder”, que “por medios no democráticos o militares” vulneran la legitimidad institucional establecida en un Estado.
Vargas, un exaliado de Ortega y hoy perseguido político del régimen, explicó que en Nicaragua los últimos golpes de Estado militares clásicos sucedieron durante la dictadura somocista. “Fueron en 1936, cuando el ejército de la época le dio el golpe al gobierno legítimo de Juan Bautista Sacasa”, por parte del general Anastasio Somoza García, y el otro “fue en 1947 contra el gobierno de Leonardo Argüello”, por Anastasio Somoza Debayle.
En la región el caso reciente es el golpe de Estado en Honduras, donde el Ejército sacó del poder a Manuel Zelaya (2009). En Guatemala, en 1993, el presidente Jorge Serrano Elías junto al Ejército disolvió el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y las dos procuradurías con la excusa de iniciar un proceso de recuperación del Estado.
Los expertos explican también que “se ha acotado el término golpe de Estado técnico”, llamado así porque en los textos constitucionales se deja facultado a los presidentes poder disolver el parlamento o la Corte Suprema de Justicia cuando este considere que se esta “faltando a la Constitución”. Ese fue el caso del llamado autogolpe de Alberto Fujimori, quien siendo presidente de Perú en 1992 y con el respaldo de las Fuerzas Armadas disolvió el Congreso, se intervino el Poder Judicial y se persiguió a la oposición.
En Nicaragua todos los poderes del Estado, incluida la Asamblea Nacional, están controlados por Ortega, que los usa según sus intereses.
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Los analistas aseguran que ninguno de los casos explicados se aplica a la situación actual de Nicaragua, pero concuerdan en que Ortega repite la versión de la “intentona” de golpe de Estado para ganar tiempo, tratar de legitimar la represión y criminalizarla como lo ha hecho hasta hoy.
Vargas dice que los objetivos de Ortega de mantener la idea de un golpe de Estado tienen tres propósitos: “Movilizar a sus bases y a las instituciones armadas para que defiendan al gobierno, justificar la represión sosteniendo que dicha acción es legítima y por lo tanto justificar las muertes, heridos y prisioneros. Y tratar de engañar a la comunidad internacional de que su gobierno es víctima de una asonada inconstitucional y por lo tanto tiene el legítimo derecho de defenderse”.
Torres y Vargas afirman que esa estrategia le resultó al revés al régimen debido a que el Alto Comisionado de Nacionales Unidas para los Derechos Humanos, la CIDH, la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos y otros organismos y gobiernos democráticos han coincidido en que lo que está pasando en Nicaragua desde abril es una represión armada de la Policía Orteguista, con paramilitares cometiendo abuso desmedido de la fuerza y graves violaciones a los derechos humanos contra los ciudadanos.
El dictador es quien violentó la Constitución
El general en retiro Hugo Torres y el sociólogo Óscar René Vargas señalan que Daniel Ortega es quien al imponer su reelección en 2011, fue quien dio un golpe de Estado a la Constitución, ya que su partido (FSLN) con su dominio político hizo que la Corte Suprema de Justicia declaró inaplicable la prohibición de la reelección establecida en la Carta Magna. Esa ilegalidad la aceptó el poder electoral, legislativo y el resto de instituciones donde el dictador tiene el control.
Torres afirmó que desde ese momento el gobierno de Ortega “no tiene credibilidad de origen”, por cuanto “se reeligió en unas elecciones que no fueron transparentes, se las robó y no fueron observadas por organismos internacionales creíbles”.
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“Su reelección en 2011 fue un golpe de Estado contra la Constitución y las leyes, y para continuar en el poder ha hecho uso de todos los recursos coercitivos, con el poyo de la Corte, del Consejo Electoral y de la Policía y grupos armados”, afirmó Torres.