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Improbable Fiscalía Especial

El Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), ha exhortado al régimen de Daniel Ortega a crear una fiscalía especial para investigar todos los hechos de violencia ocurridos en el país en los últimos meses, que han dejado entre 325 y más de 500 muertos según los distintos organismos de derechos humanos.

El GIEI fue establecido el 2 de julio de este año mediante acuerdo del Gobierno de Nicaragua con la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de investigar y esclarecer las muertes ocurridas durante los hechos de violencia en el período del 18 de abril al 30 de mayo pasado. Sin embargo, el régimen orteguista le ha negado información oficial y seria al GIEI y le ha impedido cumplir su tarea.

En una conferencia de prensa ofrecida el viernes 26 de octubre por el GIEI, uno de sus integrantes informó que “muchas familias ni siquiera han interpuesto denuncias porque desconfían del sistema judicial, y otras familias que se han acercado al Ministerio Público no han recibido respuestas acordes a su calidad de víctimas y en muchos casos se les ha indicado que ellos (los familiares) debían traer las pruebas”. Y señaló el funcionario internacional que “ante la ausencia de garantías de una actuación independiente y objetiva del sistema penal, el Estado debería establecer de forma urgente una Fiscalía especial para investigar los hechos de violencia”.

De acuerdo con la Ley del Ministerio Público de Nicaragua, es posible crear una fiscalía especial como la que propone la GIEI. Pero su creación es muy improbable, porque no se puede esperar que Daniel Ortega permita que se investiguen de manera independiente los crímenes de su propio régimen, los que niega enfáticamente a pesar de las abrumadoras evidencias y más bien culpa a las víctimas, a las que acusa de “asesinos, terroristas y golpistas”.

Las fiscalías especiales se han creado, con resultados relativamente exitosos, en algunos países democráticos afectados por graves problemas de gobernabilidad y corrupción, cuyos gobiernos no solo las aceptaron sino que algunos hasta las crearon por propia iniciativa. Así lo hizo en 2002 el presidente de México, Vicente Fox, para investigar crímenes políticos cometidos durante gobiernos anteriores.

Sin embargo, de un dictador empedernido como Daniel Ortega no se puede esperar que haga algo semejante, mucho menos con el fin de investigar los crímenes de su propio régimen para mantenerse en el poder.

En estas circunstancias hay quienes tienen esperanza en la justicia internacional, pero los expertos advierten que es muy poco probable que funcione en Nicaragua. La verdad es que mientras exista la dictadura es prácticamente imposible que se haga verdadera justicia por los crímenes incluso de lesa humanidad que se han cometido en los últimos meses. La justicia vendrá seguramente cuando un nuevo gobierno democrático tome el poder.

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