Labios reventados, rostros inflamados y moretones en todo el cuerpo fue el resultado de la golpiza que unos cuarenta hombres vestidos de negro dieron a 17 presas políticas recluidas en el Sistema Penitenciario Nacional de Mujeres La Esperanza, denunciaron familiares y organismos de derechos humanos.
Ante el despiadado ataque denunciado, una delegación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH) fue hasta dicho sistema penitenciario, para ver el estado de salud de las confinadas, pero les fue negado el ingreso.
Las autoridades de ese sistema carcelario de la dictadura no les permitieron entrar.
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El cobarde ataque ocurrió el viernes 26 de octubre de 2018, a eso de las 8:00 de la noche, cuando unos guardias llegaron a sacar a la presa política Irlanda Jerez, líder de los comerciantes autoconvocados del Mercado Oriental de Managua.
Según relataron algunas reas a sus familiares, ellas trataron de evitar que se llevaran a Jerez, por temor a que la fueran a golpear o desaparecer por la hora en que llegaron a buscarla y gritaron “todas somos Irlanda Jerez”, luego inició la trifulca, contaron familiares que lograron hablar con algunas de las afectadas, después de una audiencia en los juzgados de Managua.
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Entre las mujeres fuertemente golpeadas están las hermanas Olesia Muñoz y Tania Muñoz de Niquinohomo. Según los familiares, a la soprano, uno de los custodios verdugos le puso la clava en la garganta para neutralizarla y le quedó el cuello inflamado y con moretones.
Ana María Tello, coordinadora del Meseni, intentó por más de una hora convencer a las autoridades del sistema La Esperanza para ingresar y constatar el estado de salud de las presas políticas, luego de recibir la fatal denuncia de familiares de las privadas de libertad, pero fue en vano.
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“Nosotros hemos pedido al Gobierno que nos permita la entrada en sucesivas solicitudes y no hemos obtenido respuestas. Estamos aquí para darle seguimiento a la crisis que vive Nicaragua y, en este caso particular, a la salud de las mujeres detenidas”, explicó Tello, quien se hizo acompañar del doctor Julio Montenegro, abogado de la CPDH.
La funcionaria del Meseni aseguró en las afueras del sistema carcelario que este miércoles intentarán nuevamente ingresar a esa cárcel y poder constatar la situación de las mujeres detenidas por el régimen orteguista.
Piden cese la represión
La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil también se pronunció ante el salvajismo y refirieron que quince de las 17 mujeres sufrieron lesiones de todo tipo como escoriaciones e inflamaciones en sus rostros, manos y brazos, e incluso la enferma de cáncer terminal, Brenda Muñoz Martínez, se desmayó en la celda ante tanta golpiza. “Estos hechos brutales acontecieron ante la complacencia de la directora de la cárcel de mujeres, Janeth Pérez”, aseveraron.
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“Condenamos enérgicamente los hechos crueles ocurridos el pasado viernes —que hasta hoy pudieron burlar el cerco informativo que existe en el penal y ser divulgados—. Custodios, entre hombres y mujeres, desacataron los reglamentos carcelarios y penetraron violentamente a las celdas de las prisioneras políticas, a quienes golpearon con fiereza y salvajismo con clavas”, se lee en un comunicado de dicha articulación.
Amenazas previas
Antes que los verdugos vestidos de negro concretaran la golpiza, semanas anteriores, las privadas de libertad denunciaron que guardas quisieron penetrar a sus celdas a realizar una requisa para quitarles los lápices labiales y celulares, con el fin de evitar que estas se sumaran a la campaña de protesta de “las picos rojos” en redes sociales.
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En esa ocasión las presas se tuvieron que desnudar y tirar los uniformes por las ventanas, para evitar que las llegaran a golpear.
Las prisioneras políticas víctimas del salvajismo carcelario son: Tania Verónica Muñoz, Yamileth Gutiérrez Moncada, Yaritza Rostrán Mairena, Yolanda Sánchez Moraga, Nelly Marilí Roque, Olesia Muñoz Pavón, Solange Centeno Peña, Eva Amaya Coppens, Ana Patricia Sánchez Moraga, Kenia María Gutiérrez, María Adilia Peralta, Brenda Muñoz Martínez, Cindy Castillo Morales, Irlanda Jerez y Johana Espinoza Delgado.
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El mismo día de la golpiza, los custodios lograron sacar de su celda a Irlanda Jerez y la llevaron a un calabozo donde la interrogaron durante varias horas, porque les irritó que haya logrado sacar de prisión una carta que reveló las condiciones infrahumanas en que se encuentran las prisioneras políticas.
No bastándoles la tortura, el 27 de octubre, las autoridades judiciales mandaron a la Policía y juez orteguista a efectuar un desalojo al tramo del Mercado Oriental, donde Irlanda y su esposo tenían su mercadería.
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La expulsión de las pertenencias se hizo bajo un proceso anómalo, fuera del horario y día permitidos por la ley.
Clara violación a derechos humanos de las privadas de libertad
Por su parte, el abogado Julio Montenegro, de la CPDH, lamentó que el Gobierno continúe negando el ingreso del Meseni y las organizaciones de derechos humanos, para verificar las denuncias de violaciones a los derechos humanos de las privadas de libertad.
“Se supone que las instituciones deben estar prestas para atender, sobre todo cuando existen quejas graves de las personas que están siendo procesadas de que se les ha maltratado y de manera significativa”, lamentó el abogado.
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Montenegro aseguró que Solange Massiel Centeno Peña, reo política, es una de las mujeres que más fue maltratada durante la agresión del viernes pasado en ese centro carcelario.
“Las mujeres fueron agredidas y nosotros ya estamos preparando un informe, y para eso requerimos de la colaboración de las autoridades, porque se supone que aquí (en la cárcel) debe haber siempre un responsable que atienda independientemente de la hora”, señaló Montenegro.
Más se suman a la denuncia
El martes 30 de octubre de 2018, el comité pro libertad de presas y presos políticos denunció que las privadas de libertad, especialmente las reas políticas, son víctimas de constantes abusos en esa cárcel ubicada en el municipio de Tipitapa, al este de Managua. “Ya basta de abusos contra las mujeres, contra nuestras jóvenes. Esto es intolerable”, denunció Tamara Zamora, madre de la estudiante de Medicina y presa política Amaya Coppens. Durante la crisis social en Nicaragua, las mujeres han sido víctimas de arrestos arbitrarios, tortura, algunas han abortado producto del maltrato carcelario y otras han sido arrastradas por policías orteguistas en la vía pública por ejercer su derecho a marchar contra el régimen de Daniel Ortega.