El Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua (CCPN) alista la normativa que regulará el vínculo de los contadores públicos autorizados (CPA), que son sujetos obligados ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), al tiempo que aclaró que los auditores externos no estarán sujetos a dicha regulación.
El Colegio tiene seis meses para crear el órgano que regulará la relación con la UAF en el marco de la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La normativa, que aún está en proceso de elaboración, incorporará posibles acciones correctivas o sanciones para los contadores públicos autorizados (CPA) que no reporten las operaciones sospechosas.
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“Todos los contadores públicos autorizados son sujetos obligados a reportar operaciones inusuales cuando ejerzan de forma independiente, pero por gestiones del Colegio de Contadores están exentos del tema del servicio de auditoría externa, logramos que quede como una excepción, es decir que no está dentro de la alcance de esta ley”, explicó Luis Corea, asesor de la junta directiva del CCPN.
Dentro de la Ley 977, los contadores públicos son los únicos sujetos obligados de todas las profesiones en Nicaragua, pero estos serán regulados mediante un órgano que deberá crear el Colegio y que tendrá una reglamentación.
En la misma se contemplarán sanciones aún por definirse. Corea explicó que las posibles acciones se tomarán solo cuando los CPA sujetos a ley incumplan la regulación.
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¿Cuáles CPA deberán registrarse? Los que están en negocios relacionados con compra y venta de bienes inmobiliarios, administración de dinero y valores del cliente, administración de cuentas bancarias de ahorro o valores y organizaciones de contribuciones de personas jurídicas, así como la compra y venta de entidades comerciales. Corea agregó que son pocos los contadores que se dedican a este tipo de actividades.
Corea dijo que están solicitando a la UAF ampliar a un año el plazo requerido para crear el órgano y reglamentar el mismo. Una vez listo el órgano los contadores estarían obligados a inscribirse, y quien no lo haga estaría violando la ley, por lo tanto estaría sujeto a sanciones según lo que determine la normativa, la cual sería creada por expertos en la materia.
Ronald Flores, otro miembro del CCPN, señaló que la ley es de estricto cumplimiento “y todo incumplimiento debe tener acciones correctivas, seguramente se va a recoger la práctica internacional y las posibles sanciones vendrían por nivel de incumplimiento, clasificadas usualmente como leves, graves y muy graves, y en pertinencia a esto deberán ser las acciones correctivas. ¿Cuáles pueden ser las acciones correctivas? Vendrían desde la amonestación verbal y escrita, hasta requerir de un programa de estudio… inhibirlo solo podría ser por una falta demasiado grave en relación con la ética profesional”.
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Por su parte, Corea expresó que el Colegio dentro de su norma deberá cerciorarse que todos los miembros estén cumpliendo, a partir de un monitoreo en lo pertinente a las cinco actividades “y si se observa algún incumplimiento se tomarán acciones correctivas”.
La directivos del CCPN explicaron que todos los países de la región tienen leyes similares en lo que respecta a la regulación de la profesión contable, sin embargo dado que se aprobó en un tiempo de conflicto político y social, esta ha creado cierto descontento en una parte del gremio de los contadores.
“Esto no es invento de la UAF, ni del CCPN, sino que son convenios internacionales que tienen firmados todos los países, en el cual se comprometen a la lucha contra el lavado de activos y todo lo relacionado. Ya nosotros hemos hechos análisis comparados con las leyes de Guatemala, que tiene la ley desde el 2002, Costa Rica que la aprobó en el 2017, Honduras y Dominicana; en todos estos países existe una ley en ese sentido que obliga a los contadores, abogados y notarios públicos, ya hay una experiencia en Latinoamérica”, confió Corea.
Asimismo, aclaró que ellos nunca fueron consultados para la creación de la ley y solo han tratado con la UAF para capacitaciones.