Pese a que grupos de paramilitares y oficiales de la misma Policía Orteguista (PO) usaron armas de guerra, como PKM, Dragunov y RPG-7, para reprimir a la población durante la “operación limpieza”, de forma contradictoria ahora prohíben el uso de morteros y otros explosivos artesanales.
Gonzalo Carrión, abogado del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), cuestionó el porqué la PO no prohíbe el uso de Dragunov o armas de guerra, como sí lo hace con los morteros.
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“Tenemos una policía que entró en un proceso de autodestrucción en estos seis meses, porque esa prohibición solo lleva a un sentido, y es el sentido de controlar la disonancia, la que no hace sintonía con el régimen”, dijo.
La medida está dirigida a silenciar las expresiones de protestas, aseguró el defensor de derechos humanos: “Casi que te dice que no se haga la celebración de la Purísima y la misma Navidad porque van a ser consideradas vandálicas, porque probablemente la gente va a utilizarlas como una oportunidad de continuar la rebeldía (frente al régimen)”.
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Las medidas fueron publicadas mediante el comunicado 06-2018, en el que se prohíbe la importación, elaboración, comercialización y manipulación de morteros, cargacerrada de vara y bombas.
También vetó la fabricación artesanal de productos pirotécnicos, almacenamiento y comercio en lugares no autorizados.
Los morteros se convirtieron en característica de la lucha cívica que inició en Nicaragua el 18 de abril. La población autoconvocada se valió de morteros para defenderse de los brutales ataques de la PO junto con los paramilitares. El uso de estos explosivos fue más evidente en Masaya, donde los autoconvocados también recurrieron a bombas de contacto para frenar la represión de la que eran víctimas.
Para la especialista en temas de seguridad Elvira Cuadra, la medida tomada por la PO revela el temor del “gobierno” a las expresiones de protesta social.
Concuerda con Carrión en que temen que se aproveche la tradicional pólvora de las celebraciones navideñas para expresar el descontento social.
Cuadra recordó que en otro momento de la historia, las mismas autoridades gubernamentales justificaron como parte de una “tradición” el uso de los morteros, cuando estos eran utilizados por sus fuerzas de choque, pero ahora no los ven así.
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Debido a las mismas prohibiciones que ha impuesto la PO, incluida la criminalización de las protestas cívicas, la población ha buscado alternativas para seguir alzando su voz contra el régimen orteguista; en ese sentido, Cuadra considera que no se puede predecir si la población podría rebelarse, pese a la prohibición emitida por la PO.
Carrión destacó que resulta absurdo regular el uso de la pólvora, cuando los paramilitares siguen operando, imponiendo el terror en las diferentes comunidades, y recordó que la institución policial en vez de velar por el pueblo, se colocó al servicio del poder.
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Capturan a fabricantes
La explosión de varias bombas de contacto la noche del viernes 5 de octubre, en la ciudad de Masaya, provocó que la Policía Orteguista persiguiera a los artesanos de este oficio, entre ellos Lázaro García, quien también había contribuido con los sandinistas en la década de los setenta, cuando se enfrentaron a la dictadura somocista.
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García fue capturado el sábado 6 de octubre y fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote, bajo el supuesto de estar en investigación.
En esa ciudad, una de las más reprimidas por la dictadura Ortega-Murillo, se mantiene una constante vigilancia sobre cualquier expresión de protesta y la comuna ha creado sus propias celebraciones patronales para sostener el discurso de la normalidad.