Donald Trump dice que indocumentados que voten en comicios legislativos serán penalizados

El presidente alertó de que los inmigrantes indocumentados en el país podrían intentar "votar ilegalmente" y "que habrá procesos judiciales al máximo nivel" para quienes lo hagan

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que ha puesto en marcha una serie de dispositivos para preservar el derecho a voto, especialmente el de las minorías. LA PRENSA/EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, alertó este lunes de que los inmigrantes indocumentados en el país podrían intentar «votar ilegalmente» en las elecciones legislativas, y aseguró que quien lo haga «será sujeto a las Penas Criminales Máximas permitidas por la ley», una advertencia que ya hizo antes de los comicios presidenciales que ganó en 2016.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Trump afirmó que las agencias de seguridad de EE.UU. «han recibido órdenes de fijarse bien en cualquier VOTO ILEGAL que podría tener lugar en las elecciones del martes (o en el voto anticipado)». «Cualquiera que detectemos (votando ilegalmente) será sujeto a las Penas Criminales Máximas permitidas por la ley. ¡Gracias!», añadió el presidente.

Preguntado más tarde por los periodistas sobre si tenía pruebas de algún plan para promover el sufragio ilegal en las legislativas, Trump respondió que «lo único que hay que hacer es mirar lo que ha ocurrido a lo largo de los años».

«Hay mucha gente, en mi opinión y basándome en pruebas, que intentan entrar ilegalmente (al país) y que efectivamente votan ilegalmente. Así que solo quería hacerles saber que habrá procesos judiciales al máximo nivel», agregó.

Antes de los comicios de 2016, Trump también alertó sobre un presunto fraude electoral que podía inclinar el resultado en su contra, y pidió a sus simpatizantes que vigilaran los centros de votación para impedir que eso ocurriera.

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Aunque finalmente ganó, Trump denunció sin aportar pruebas que en los comicios habían votado de 3 a 5 millones de inmigrantes indocumentados, y atribuyó a ese presunto el fraude al hecho de que fuera la candidata demócrata, Hillary Clinton, quien ganó el sufragio popular, y no él.

Poco después de llegar a la Casa Blanca, en mayo de 2017, Trump creó una Comisión de Fraude Electoral para investigar sus propias denuncias, liderada por el vicepresidente Mike Pence.

Esa comisión se disolvió en enero de este año, tras denunciar que muchos estados «en su mayoría demócratas» se habían negado a aportar información para la investigación, y uno de los miembros del grupo encabezado por Pence, Michael Dunlap, aseguró que no habían encontrado ninguna prueba de fraude.

Activan dispositivos para evitar fraude electoral

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que ha puesto en marcha una serie de dispositivos para preservar el derecho a voto, especialmente el de las minorías, y evitar que se cometa fraude en los comicios legislativos de este martes.

Dentro de esas medidas, el Gobierno estadounidense habilitará varios números de teléfono para recibir quejas de votantes relacionadas con violaciones de la ley electoral; reclamaciones que también se podrán efectuar a través de fax, por correo electrónico y por la página web del Departamento de Justicia. El Ejecutivo también instó a los ciudadanos a alertar directamente a las autoridades locales ante cualquier posible crimen.

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El Departamento de Justicia recordó que son las Administraciones estatales y municipales las responsables de gestionar los comicios en el país, mientras que la División de Derechos Civiles es la encargada de aplicar las leyes federales de derecho a voto. Con ese fin, dicha división enviará personal a 35 jurisdicciones de 19 de los 50 estados.

El fiscal general del país, Jeff Sessions, recalcó que centrará los recursos del Departamento de Justicia en garantizar el cumplimiento del derecho a sufragio. «El fraude en el proceso de voto no será tolerado. El fraude corrompe la integridad de las elecciones», incidió Sessions en el comunicado.

«Este año estamos usando cada herramienta legal que tenemos, tanto civil como penal, para proteger los derechos de millones de estadounidenses para emitir su voto sin trabas en cada uno de los más de 170,000 distrito en EE.UU.», subrayó.

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Otra de las misiones de la División de Derechos Civiles será recopilar información sobre distintos aspectos, como, por ejemplo, «si los votantes son objeto de requisitos electorales o procedimientos diferentes en base a la raza, el color o su pertenencia a grupos que empleen lenguas minoritarias».

En concreto, la División velará para que las «jurisdicciones» en los comicios cumplan con los preceptos destinados a las minorías, que están recogidos en la Ley de Derechos Electorales de 1965.
Esa norma fue elaborada para garantizar que los afroamericanos pudieran ejercer su derecho al voto en los estados del sur, que contaban con amplias restricciones al respecto.

En 2013, el Tribunal Supremo tumbó un apartado esencial de esa ley que obligaba a ciertos territorios sureños -tradicionalmente discriminatorios con minorías- a que sus regulaciones electorales fueran avaladas previamente por el Gobierno federal.

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