A un año de la brutal masacre ocurrida en la comunidad San Pablo 22, en La Cruz de Río Grande, Elea Valle sigue clamando por justicia.
“Ya ha pasado mucho tiempo y sé que ya sus cuerpecitos no existen, pero yo les pido a estos señores del Gobierno que me entreguen los huesitos de mis hijitos y poderles dar cristiana sepultura, y no que estén allí tirados en una fosa común”, expresó la campesina con voz entrecortada.
El 12 de noviembre de 2017, tropas del Ejército perpetraron una masacre en esa comunidad, en la que fallecieron seis personas, entre estas un niño de 12 años y su hermana de 16 años, junto a su padre, quien dirigía una agrupación armada que luchaba contra el régimen de Daniel Ortega, por estar en desacuerdo ante las violaciones a los derechos humanos y el Estado de derecho.
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Desde entonces, sus cuerpos no han sido exhumados.
El Ejército en su momento expresó que se trataba de una “agrupación delincuencial”.
Horas después de la masacre, los seis cuerpos mutilados fueron lanzados en una fosa común y siguen ahí, pese a que la Policía Orteguista dijo públicamente que exhumarían los cuerpos para entregárselos a doña Elea Valle.
“Ahorita el día de los finados (2 de noviembre, Día de los Santos Difuntos), lloré, deseaba ir corriendo donde están mis niños para ir a dejarles unos ramos de flores. No es justo. Yo solo deseo me entreguen sus huesitos y llevarlos a enterrar a una tumba”, afirmó Valle.
Buscando justicia
Tras la masacre, las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales se unieron al dolor de Valle, acompañándola en su demanda de justicia y para que le entregaran los cuerpos de sus hijos, pero todo ha sido en vano.
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“Yo anduve tantas veces en Plaza El Sol (oficinas centrales de la Policía Orteguista), pidiendo, implorando, me entregaran los cuerpos de mis hijos y de mi esposo. Nunca se me escuchó, pese a tanto dolor y tanto apoyo de mucha gente que me acompañó”, añade Valle, quien actualmente vive enferma en las montañas de Matagalpa.
Según Valle, desde los sucesos de abril no ha podido continuar gestionando que le entreguen los cuerpos de sus hijos, pero esta vez, señala, por miedo a que la detengan por gusto.
“Me han dicho que vaya de nuevo a Plaza El Sol, pero desde lo que ha venido sucediendo desde abril, la Policía no respeta a nadie, ni a ancianos ni a niños y la verdad hasta miedo me da ir”, detalló Valle.
Para esta campesina el tiempo para seguir reclamando justicia o al menos lograr que le entreguen los cuerpos de sus hijos será infinito.
“Yo no me canso de pensar en ellos, de no verlos… irlos a sacar e irlos a enterrar a un cementerio. Aunque sea con los huesitos me conformaría. Ellos ese día andaban viendo a su padre. Yo les pido que por favor me los entreguen para ponerles flores y orar ahí”, reiteró Valle.
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Ella asegura a LA PRENSA que regresará a Managua para volver a pedir a las autoridades la entrega de los cuerpos: “Yo no puedo rendirme. Son mis hijos y aunque sean los huesitos que me entreguen yo me conformo para echarlos a un ataúd para enterrarlos”.
Los testimonios de los habitantes de la comunidad San Pablo 22, lugar de la masacre, constatan la brutalidad de la masacre perpetrada por el Ejército.
Elea Valle tuvo que huir de la zona, adonde no ha vuelto nunca más por temor a ser asesinada.
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“Yo he querido ir a ver a mis niños a esa fosa, pero la gente me dice que no vaya porque en el camino me podrían asesinar, entonces no he ido por miedo”, confiesa la campesina.
Aquella masacre
Aproximadamente a las 5:00 de la mañana del domingo 12 de noviembre de 2017, el Ejército emboscó a un grupo de personas donde iba Rafael Pérez Dávila, alias comandante Colocho, en la comunidad San Pablo 22, en La Cruz de Río Grande (RACCS). Murieron seis personas, entre ellas Colocho, su hermano Francisco Pérez, el Charrito, así como los hijos de este último, Yojeisel Elízabeth, de 16 años de edad y Francisco Alexander, de 12.