Han pasado casi dos meses desde que los abogados de Brandon Lovo y Glen Slate —primeros condenados por el régimen de Daniel Ortega por protestar en su contra—, interpusieron escritos de apelación rechazando la sentencia que los condenó por el atribuido asesinato del periodista Ángel Gahona, y aún siguen esperando fecha para audiencia en el Tribunal de Apelaciones de Managua.
Según abogados penalistas y familiares de los enjuiciados, esta actitud judicial corresponde a una clara retardación de justicia de parte del poder judicial, violando el principio de celeridad procesal contemplado en el Código Procesal Penal de Nicaragua (CPP).
Los escritos de apelación se presentaron el 10 de septiembre contra la sentencia condenatoria que dictó el juez Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua en agosto pasado.
Ambos recursos de apelación rechazan las violaciones a los derechos constitucionales de los procesados, así como la inobservancia al debido proceso, pues consideran que el juez en primera instancia condenó sin pruebas a los jóvenes, sin embargo, el expediente está trabado, expresó Maynor Curtis, una de las defensas en el caso Gahona.
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El principio de celeridad procesal está estipulado en el artículo 8 del CPP y ordena que jueces y Ministerio Público en sus actuaciones harán prevalecer, bajo su responsabilidad, la realización pronta, transparente y efectiva de la justicia. “Toda persona acusada en un proceso penal tiene derecho a obtener una resolución en un plazo razonable, sin formalismos que perturben sus garantías constitucionales”, se lee en dicha normativa.
Más casos en espera
Otro de los casos de presos políticos que esperan por audiencia de apelación es el de los promotores de derechos humanos de Sébaco condenados a 13 años de cárcel, por los delitos de homicidio frustrado en contra de concejales orteguistas y por supuestas amenazas contra trabajadores estatales que no estaban de acuerdo con un tranque que se levantó en la comunidad El Quebracho, en Boaco.
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La juez Nancy Aguirre, titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Juicio de Managua, dictó sentencia el 7 de septiembre. La apelación de este caso fue presentada a inicios de octubre y aún no tiene fecha para audiencia, refirieron sus defensas.
Por otra parte, la abogada Yonarqui Martínez también tiene siete casos pendientes en apelación en Managua y Jinotepe, y aún sigue esperando audiencia. Entre estos casos están tres manifestantes condenados a seis y ocho años de cárcel por participar en la marcha “Juntos somos un volcán”.
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También está en proceso de apelación el caso de los jóvenes Guillermo Sobalvarro Oporta y Albert Einstein Monroe, declarados no culpables del supuesto robo en la casa del comisionado orteguista Juan Valle Valle, jefe de Tránsito de Managua.
En este caso los muchachos tienen orden de libertad desde el 8 de octubre y a la fecha llevaban 28 días de detención ilegal.
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Según el abogado Curtis, el poder judicial está violando en estos casos el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, sobre los derechos de los reos, específicamente el numeral ocho y nueve, referente al derecho de recurrir ante un tribunal superior a fin de que sea revisado su caso y a que se le dicte sentencia dentro de los términos legales en cada una de las instancias del proceso.
Venganza política
Para el abogado, Nelson Cortez, es evidente la retardación de justicia en dichos casos y deja en evidencia “la ineficiencia del poder judicial que está atendiendo temas políticos que no le corresponden antes de atender su propia naturaleza que es la resolución de las causas judiciales, garantizar el acceso a la justicia y establecer una justicia pronta”.
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Mientras en el contexto político, el abogado considera que los presos políticos son una carta de negociación. “Aunque haya una aparente calma en la lucha cívica, el régimen está claro que esto es una bomba de tiempo, que después puede existir una fase donde obligatoriamente tengan que sentarse a negociar y una de las cartas de negociación son los presos políticos”, dijo Cortez.
El abogado agregó que incluso los reos políticos “se pueden ver como pre-requisitos para ambas partes antes de sentarse a una negociación. El pueblo demandante exigirá la liberación de los presos políticos, entonces por eso el régimen prefiere no tenerlos con condenas firmes, pero los tiene a su disposición y jugar esa carta cuando le convenga, para eso utiliza al poder judicial”, recalcó el penalista.