Irinea Mejía Cruz recuerda, siete años después, con mucho dolor la muerte de su esposo José Mercedes Torres Pérez, de 65 años, y de sus hijos Elmer Liborio y Josué Sael, de 39 y 23 años respectivamente, asesinados por turbas orteguistas el 8 de noviembre del 2011 en la comunidad indígena de El Carrizo, en el municipio de San José de Cusmapa, zona del departamento de Madriz.
“Seguimos cargando la cruz del dolor y el sufrimiento por la pérdida de mi esposo y mis dos hijos, a quienes seguiremos recordando año con año hasta que Dios decida cuando también debo partir para unirme en el camino a ellos”, dijo Mejía, quien participó este jueves junto a sus otros dos hijos José Francisco (Amílcar), de 25 años, y José Moisés, de 33 años, de una misa de recordación en la iglesia católica ubicada frente a la vivienda de esta humilde familia. También los acompañaron los comunitarios y los hijos de las víctimas Elmer y Josué.
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Mejía, quien sobrevivió a la masacre junto a sus otros dos hijos, aseguró “que mutilaron a una familia que la manteníamos muy unida por la tradición católica”. El crimen ocurrió dos días después de las elecciones generales en las que el dictador Daniel Ortega retornó al poder a través del fraude electoral.
La noche de 8 de noviembre de 2011, unos 70 elementos armados, entre ellos, al menos 40 simpatizantes orteguistas, dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y agentes policiales llegaron a El Carrizo y atacaron a balazos a la familia de Irinea Mejía, matando a su esposo y a dos de sus hijos, los hijos sobrevivientes resultaron heridos y huyeron del lugar.
Los responsables de la masacre
Los hombres que perpetraron la masacre poselectoral gozan de libertad, tras haber cumplido la condena tres años y medio de prisión que les fueron impuestas; y aún son militantes del FSLN.
José de Jesús (Jersan) Herrera Zepeda, quien en ese entonces fue Secretario Político municipal del FSLN en Cusmapa, es ahora miembro de una iglesia evangélica y se mantiene activo en el sandinismo, mientras que Eusebio Cruz Montenegro, quien era delegado del Consejo Electoral Municipal (CEM) en esa zona, se mantiene en las estructuras municipales del FSLN en esa localidad, y el ex subcomisionado Elvin de Jesús López, quien en ese entonces era jefe de la delegación policial en ese municipio, ahora labora como abogado.
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El gobierno pasa una pensión de 5,000 córdobas, aprobada años atrás por los diputados de la Asamblea Nacional, a la viuda de uno de los jóvenes asesinados, que dejó a ocho hijos menores de edad en la orfandad; además de paquetes alimenticios, cuyas entregas se realizan con meses de retrasos.