El maratonista Alex Vanegas, lleva seis días detenido en su sexta vez de arresto ilegal por parte de la Policía Orteguista (PO), que esta vez advirtió a un familiar suyo que bien lo pueden tener en las celdas del Chipote entre quince a treinta días porque eso se los permite las reformas a la ley, conoció el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Braulio Abarca.
De acuerdo a lo que conoció Abarca la Policía le habría expresado al familiar de Vanegas que podrá verlo a este “hasta nuevo aviso”, pues permanece bajo investigación, aunque no le explicaron bajo cuál ley la PO puede mantener detenido a Vanegas.
Pese a que las visitas en El Chipote son los martes cuando les permiten a los familiares ver a los detenidos durante 20 minutos, ningún familiar ha podido ver a Vanegas después de seis días de arresto arbitrario, pues únicamente han permitido que le pasen alimentos, aseguró Abarca.
Vanegas fue detenido de forma arbitraria por policías orteguistas en el cementerio Milagro de Dios, el 2 de noviembre, Día de los Difuntos.
LEA: Orteguistas acosan e intimidan en los cementerios de Nicaragua
La PO “le violenta los derechos humanos de don Alex, tanto el derecho a la libertad individual como a la manifestación pacífica”, señaló Abarca, quien recordó que de acuerdo al artículo 33 de la Constitución Política de la República, después de 48 horas detenida una persona debe ser puesta a la orden de la autoridad competente o puesta en libertad, por lo que los familiares de Vanegas presentaron en el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM),un recurso de exhibición personal a su favor.
El abogado del Cenidh, Gonzalo Carrión, manifestó que “no hay ninguna justificación legal para que él permanezca detenido”. Y consideró que casos como el enfrentado por Vanegas y otros presos políticos que llevan hasta dos meses de detención y no los acusan en ningún tribunal, lo que demuestra “el estado policíaco”, que impera en Nicaragua.
“La Policía se arroga la función de tenerte preso aunque no te acusen, ese es un estado de excepcionalidad” donde se alterado completamente el orden constitucional por tanto “un estado de facto, eminentemente represivo”, sostuvo Carrión.