Reporteros, directores y propietarios de medios de comunicación independientes expresaron su preocupación de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo esté preparando un recrudecimiento de la censura y aumente la criminalización del periodismo crítico al incorporar en su modelo de “paz y reconciliación” un plan con el que pretenden interferir directamente en la política informativa. El régimen se ha caracterizado por no tolerar críticas.
Representantes del gremio periodístico ven en este modelo un nuevo peligro a la libertad de prensa y de información en Nicaragua, derechos que, denunciaron, en los once años de régimen orteguista han sido violentados.
Aníbal Toruño, director de Radio Darío; Fabio Gadea, propietario de Radio Corporación; Álvaro Navarro, del medio digital Artículo 66, y el consultor Guillermo Medrano no descartan que la política de “reconciliación” sea escalada en las acciones represivas contra los medios independientes que han denunciado los crímenes del régimen en contra las protestas ciudadanas, desde que estas iniciaron en abril de 2018.
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En la propuesta del régimen se incluye como instrumento un “plan de medios permanente para promover la cultura de paz y compartir con la población el enfoque de proceso de construcción colectiva, implícito en la política”.
Toruño, director de Radio Darío, dijo que si se inventaron una Ley antiterrorista para meter presos a los líderes estudiantiles que encabezaron la resistencia ciudadana, igual pueden crear una ley para criminalizar la labor de los hombres y mujeres de prensa que desnudan todos los crímenes que esta dictadura comete, acusándoles falsamente de atentar con sus informaciones a cultura de paz que se van a inventar”.
Durante los momentos más crudos de la represión, grupos de choque y paramilitares orteguistas quemaron las instalaciones de Radio Darío, en León, sin importar que doce trabajadores, incluido Toruño, estaban dentro, quienes lograron salir.
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Las amenazas contra Toruño han seguido, por lo que el periodista salió del país. “Viene un camino sumamente difícil para los periodistas independientes porque habrá un nuevo intento por limitar la libertad de prensa, que nos supone un mayor reto para replantearnos la manera de cómo seguir trabajando para informar todos los abusos que cada día se comete contra el pueblo”, expresó.
La familia Ortega-Murillo y el partido gobernante FSLN controlan los canales 2, 4, 6, 8 y 13, así como decenas de radios. Murillo, la vicepresidenta dictadora y esposa de Ortega, ha impulsado una política de “no contaminación” de la información pública que ha significado negar el acceso a los medios independientes. Desde el inicio de la represión contra el pueblo, en abril de 2018, la dictadura ha incrementado sus ataques a los periodistas y medios críticos.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) reportó 420 violaciones contra la libertad de prensa y medios de comunicación independientes en Nicaragua durante los seis meses de represión. El asesinato del periodista Ángel Gahona, asedio, amenazas, robos y arrestos ilegales son parte de las agresiones.
Control a redes sociales
Navarro, director de Artículo 66, mencionó que, antes de abril, el régimen Ortega-Murillo preparaba controles mediante una ley “mordaza” de la información que circula en las redes sociales con la excusa de combatir el acoso cibernético y las noticias falsas.
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El reportero no descarta que en la Ley “de paz y reconciliación” retomen los controles que ya diseñaron para criminalizar a los adversos al régimen con base en lo que se publica en las redes sociales.
“Muy probablemente intenten meternos en los mecanismos de control de su ‘cultura de paz’, ya que al imponer a la Policía como órgano de control de la vida privada seguramente van a querer que venga un policía a decirnos cómo vamos a presentar la información. Puede que establezcan un gran censor para que nosotros nos supeditemos a su modelo, pero no le veo futuro porque los periodistas (críticos) nos vamos a resistir”, dijo Navarro.
Mayor riesgo
Fabio Gadea, propietario de Radio Corporación, dijo que “hay riesgos” a la libertad de prensa en la política de “reconciliación” del régimen “porque puede que se inventen una campaña, y como es aparentemente buena, los medios no se pueden negar a apoyarla”, pues de lo contrario podrían traer sanciones.
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Guillermo Medrano, consultor y coordinador de programas de la Fundación Violeta Barrios, expresó que debido a que no hay aún un anteproyecto de ley para conocer sus medidas específicas, “preocupa que pueda ser una hermanita trilliza de la Ley 976 y 977 (contra el terrorismo y de la UAF) que traiga censura directa”. “Podrían pretender la criminalización del periodismo”, dijo Medrano.