Desde el 18 de abril no ha cesado la represión contra las protestas civiles, las detenciones ilegales se mantienen a la orden del día, los policías que impusieron el terror en las ciudades fueron premiados con ascensos, los asesinatos de los opositores nunca han sido investigados, el régimen orteguista ni siquiera reconoce los muertos de los autoconvocados.
Para los críticos y opositores del régimen de Daniel Ortega, estos y otros hechos prueban que no hay ninguna razón por la que se deba creer en la “política de paz y reconciliación”, que quiere imponer el orteguismo a través de una ley.
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El opositor y político social-cristiano José Dávila valoró que la reconciliación es un proceso complejo que debe ser discutido ampliamente en un diálogo nacional, y deber ser para reparar las heridas después de los meses de represión.
“El Gobierno ha sido el represor, ha acusado falsamente a centenares de jóvenes. Han huido del país unos treinta mil y hay miles todavía de perseguidos, escondidos, desaparecidos, huyendo, y no puede por la tanto el Gobierno ser ahora el gran reconciliador, porque es la parte culpable”, manifestó Dávila.
Estado miente y oculta
El exdiputado opositor José Pallais Arana agregó que “todo el Estado está al servicio del ocultamiento de la verdad” y mencionó el repertorio de injusticias que han ocurrido desde abril, cuando los familiares de víctimas mortales de la represión denunciaron que en el sistema de salud se negaban a emitir certificados de defunción con las verdaderas causas de la muerte, generalmente balazos en la cabeza o el tórax.
Pallais dijo que la verdadera intención del “plan de reconciliación y paz” es el “control social”, para “avanzar en el fortalecimiento del modelo policial”.
“El plan es mejorar la eficiencia y el control temprano de los elementos que se consideran riesgosos, peligrosos para el régimen y por eso mismo contempla la participación de la Policía y los otros ministerios en esferas que son privadas, protegidas constitucionalmente, como por ejemplo la familia, la relación padre, madre e hijo, la relación con la pareja. Nada tiene que hacer ni la Policía ni ningún actor estatal en esas relaciones, ni tampoco en los cultos religiosos”, opinó Pallais.
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Propuesta en diciembre
El 3 de diciembre próximo sería presentada la propuesta final de la ley de “reconciliación” en la Asamblea, según el plan oficial.
El plan de reconciliación del oficialismo se comenzó a promover esta semana, en medio de una fuerte demanda ciudadana y de organismos de derechos humanos de liberar a los más de quinientos presos políticos, por lo que algunos analistas creyeron en un inicio que el orteguismo podría meter un proyecto de amnistía.
El político opositor Eliseo Núñez Morales refirió que nunca se le ha pasado por la mente que la iniciativa de reconciliación y paz tuviera un propósito de amnistía o liberación de los presos políticos.
“Nunca he creído que Ortega vaya a dar una amnistía. Hay ejemplos claros de que trata nada más de encontrar venganza y sembrar terror”, dijo Núñez.
Endurece postura pública
En momentos que el régimen orteguista está promoviendo la reconciliación y la paz, el dictador Daniel Ortega cuestionó a la comunidad internacional por pedir el cese de la represión contra las protestas civiles y demandar la liberación de los presos políticos.
Según organismos de defensa de derechos humanos, más de 500 personas están presas por participar en las protestas que demandan la salida del poder de Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
El régimen orteguista solo reconoce 273 reos. Para ellos, lo que ocurrió en el país fue un intento de golpe de Estado.
En septiembre el orteguismo declaró ilegales las protestas, a través de un comunicado de la Policía Orteguista.
El país vive una crisis desde el 18 de abril, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra los civiles que protestan contra Ortega, lo que ha dejado entre 322 y 528 muertos, según organismos de defensa de derechos humanos.