Desde que estalló la revuelta ciudadana de abril, al menos 77 menores de edad han sido detenidos por policías o paramilitares. Y de estos, 18 están enfrentando procesos judiciales “sin las garantías establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia y el Código Penal”.
Lo anterior se expone en un breve informe de la Federación Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia (Codeni) y se basa en registros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) e inclusive en datos de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz.
Por lo general, los adolescentes son detenidos por portación ilegal de armas, terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de los servicios públicos y robo agravado. Delitos que ya son muy comunes en las acusaciones que redacta el Ministerio Público.
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Sin embargo, si esos crímenes ya son poco creíbles cuando los procesados son adultos, lo son mucho menos cuando los reos son adolescentes, señala Julio Montenegro, abogado de la CPDH.
Terrorismo es un término fuerte. Cuando hablan de terrorismo, los expertos normalmente se refieren a organizaciones criminales muy bien estructuradas con el fin de causar daños colectivos. Como secuestrar un avión o poner una bomba en un centro comercial, por ejemplo.
Esta descripción “no encaja ni siquiera para los adultos, ya no digamos para jóvenes que todavía están en proceso de formación”, dice Montenegro.
Irregularidades en el proceso
Los adolescentes detenidos o procesados judicialmente se hayan bajo el rango de 18 años de edad. No obstante, la Policía Orteguista suele ponerlos como adultos cuando arma los expedientes. Y luego la Fiscalía remite los documentos exactamente de la misma manera en que se los entregó la Policía.
Por eso la CPDH ha tenido que intervenir en muchos casos para que los menores sean procesados ante un juez especializado en adolescentes, como manda la ley.
Otra irregularidad es que las acusaciones no se realizan de forma expedita, como también pasa con los reos adultos. De modo que los adolescentes no esperan 24 horas para ser acusados, sino que permanecen ilegalmente detenidos hasta quince días, subraya el informe de Codeni.
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Sin embargo, Montenegro conoce casos mucho más graves. Como el de un adolescente que en calidad de testigo lleva más de ochenta días preso.
A esto, dice el abogado, habría que sumar que las detenciones muchas veces han sido ilegales, pues las han realizado civiles armados y encapuchados. Es decir, los famosos paramilitares que durante las protestas ciudadanas reprimieron hombro a hombro con la Policía Orteguista.
Como si los paramilitares fueran poco, la mayoría de estas detenciones se han dado sin orden de captura o allanamiento, señala Codeni.
Para la coordinadora, los procesos judiciales contra estos menores de edad violan “los principios y disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, que en sus artículos 15, 16 y 19 establece que tienen derecho a la libertad a participar en la vida social y política de la nación y expresar su pensamiento en público o privado. Y que el Estado brindará atención cuando se encuentren en situación de peligro”.
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Desacato al Tribunal de Apelaciones
Por otro lado, dice el informe de Codeni, “las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial (más conocida como Chipote) desacatan los recursos de Exhibición Personal emitidos por el Tribunal de Apelaciones”. Y en Nicaragua el recurso de exhibición personal está pensado para la protección de los derechos de libertad, integridad física y seguridad de los ciudadanos.
Se trata de un mecanismo jurídico establecido para proteger esos derechos fundamentales durante todo el proceso penal o para que dicho proceso no exista.
A esto hay que sumar otra irregularidad: la Policía modifica las fechas en las actas de detención, afirma el organismo, que “condena la colusión de las instancias del sistema judicial del Estado nicaragüense para criminalizar la protesta social, judicializando inclusive a adolescentes”.
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Víctimas mortales
- Los adolescentes no solo han sido detenidos, secuestrados y procesados, también los han asesinado en el marco de las protestas ciudadanas.
- Entre el 18 de abril y el 25 de junio, los días más álgidos de la represión orteguista, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) registró que 21 menores, de 18 años o menos, perecieron en los hechos violentos de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua. Entre estos había bebés.