El asesor senior y experto en armas y municiones del equipo de crisis de Amnistía Internacional, Brian Castner, presentó la semana pasada un informe sobre las armas de guerra utilizadas en Nicaragua para reprimir las protestas de los ciudadanos contra la dictadura.
El investigador Castner asegura que se han utilizado siete tipos de armas de guerra en este conflicto, lo que explica la enorme cantidad de personas muertas en el bando de la población, muchas de ellas ejecutadas por francotiradores con fusiles de largo alcance y alta precisión.
Ya el pasado 9 de julio la revista Magazine de LA PRENSA había publicado un reportaje de Eduardo Cruz, titulado “Las armas militares usadas contra el pueblo en Nicaragua”. En ese reportaje Cruz describe detalladamente las diversas armas de guerra usadas en la represión por la Policía y las fuerzas parapoliciales, o paramilitares, como se les quiera llamar.
Sin embargo, el hecho verificado de que en la represión de la insurrección cívica y las protestas pacíficas de Nicaragua se han usado armas de guerra, y que ahora miembros de la Policía están recibiendo entrenamiento militar, no prueba que el Ejército estuviera involucrado en la sanguinaria represión, en la cual, según aseguran los organismos de derechos humanos se habrían cometido inclusive crímenes de lesa humanidad.
El Ejército ha negado ese involucramiento y calificado las acusaciones que en ese sentido se le han hecho en las redes sociales, como “informaciones calumniosas soportadas en la manipulación de imágenes falsas”.
En realidad, aunque el Ejército es parte del sistema de poder imperante en Nicaragua y por disposición constitucional está subordinado al dictador Ortega, debido a su naturaleza institucional y los recursos de que dispone y administra de manera autónoma, ocupa un lugar especial en la organización del Estado.
En todo caso, de lo que se podría acusar al Ejército es de haber mantenido una “neutralidad” favorable a la dictadura, pues por su compromiso institucional con el respeto a los derechos humanos, y por su honor profesional, debía actuar de alguna manera en defensa de la gente que ha sido víctima de la criminal represión policial y parapolicial.
De manera que se podría decir que el Ejército está en deuda con el pueblo y con la institucionalidad democrática que ha sido arrasada por la dictadura. No estamos hablando de que el Ejército tuviera que intervenir mediante un golpe militar con objetivos democráticos y humanitarios. Lo que decimos es que los altos mandos militares han debido persuadir a Ortega de que debe dialogar con la oposición, con la mediación episcopal, para negociar un acuerdo político que saque al país de la crisis de una manera democrática y honorable para todos.
Una crisis que, dicho sea de paso, si continúa ahondándose y enfrentada solo con represión, hundiría a la nación en una catástrofe de la que ni el mismo Ejército se podría escapar.