El recién nombrado Juez Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua, Melvin Vargas García condenó a ocho y 12 años de prisión a los autoconvocados Frederick Humberto Vega González, Wilmer Alfredo Mendoza Espinoza, Rayan Joao García Santamaría y Alexander Conde Espinoza, originarios de Ciudad Darío.
Según sus familiares el verdadero motivo del enjuiciamiento de estos, fue haber llevado víveres a pobladores que se encontraban en el tranque ubicado en Ciudad Darío, el 5 de julio pasado, durante las protestas contra el régimen de Daniel Ortega.
Según Valeria Gutiérrez, esposa de Frederick Humberto Vega González, los ahora condenados fueron secuestrados por paramilitares cuando se dirigían al tranque a eso de las 11 de la mañana y fueron trasladados a las cárceles de el Chipote en Managua donde los torturaron.
“A Wilmer Mendoza le dispararon en la rodilla y a Rayan García le dieron choques eléctricos en los testículos, mi esposo estaba todo golpeado también”, dijo Gutiérrez, quien aseguró que desde que los secuestraron lograron verlos hasta el 12 de julio.
“Fiscalía miente y juez apaña”
Según la acusación de la Fiscalía, los procesados supuestamente le robaron un vehículo a Pedro Dulanto Gutiérrez y Pilar Manzy Gary en Managua el 27 de junio en el sector del barrio El Recreo en Managua, placa M 19841 color azul y el día de la captura 5 de julio andaban armados con fusil Aka y estaban parados cerca de dicho vehículo que había sido reportado como robado.
La policía de Matagalpa tras recibir la información que tres vehículos sospechosos estaban estacionados en el tramo de carretera entre Terrabona y Ciudad Darío, entre estos el vehículo reportado como robado se dirigieron al lugar a eso de las 4:30 de la madrugada.
“Todos son inventos. Dicen que los capturaron en la madrugada y que estaban cerca del vehículo robado y en el juicio no llegó a declarar la tal víctima ni presentaron al armas, así que el juez condenó sin pruebas, apañando a la Fiscalía”, agregó Gutiérrez.
Apelaran la sentencia
La lectura de la sentencia fue el 30 de octubre por lo que esta semana apelaran dicha sentencia dijeron los familiares, quienes están siendo acompañados por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Según los afectados, apelarán la sentencia porque la Fiscalía no logró desvirtuar el principio de inocencia de los procesados y en el juicio no se presentó ninguna prueba que los incrimine con tales hechos.
“Hay violaciones desde el momento de su captura, que fue un secuestro. Ese día hasta re robaron la comida que ellos llevaban a los del tranque y el vehículo taxi en que andaban dejando los víveres no aparece, se lo robaron también y es propiedad de mi cuñada”, dijo la denunciante.
Desaparecen vehículos
Otro caso donde tampoco aparece el vehículo taxi del autoconvocado es el del profesor Juan Bautista Guevara de Ticuantepe, quien fue capturado mientras conducía su moto taxi en ese municipio y ni siquiera fue ofrecido entre las piezas de convicción del juicio.
Ahora ni la juez que llevó el caso ni la Policía se hacen responsable del vehículo, sin embargo está claro en la relación de hechos que presenta el Ministerio Público que el profesor fue llevado a la estación policial con todo y moto y ahora no la quieren dar, a pesar que es el único sustento de esa familia, entre ellos tres menores de edad, hijos del profesor.
Sentencias pendientes
Para esta semana se espera que haya sentencia en los casos de Matagalpa y los atrincherados en la Iglesia Divina Misericordia, ya que los fallos de culpabilidad fueron leídos hace dos semanas. En el caso de Matagalpa, la Fiscalía solicitó 60 años de prisión contra el exguerrillero sandinista Abdul Montoya acusado de supuestamente matar al sandinista Lenín Díaz Mendiola en agosto pasado en Matagalpa.
De igual manera, solicitó penas máximas (20 años de cárcel) contra otros tres matagalpinos y un extranjero acusados junto a Montoya de terrorismo y otros delitos. Este caso se ventila en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua.
La justicia orteguista ha impuesto penas que oscilan entre los 15 meses hasta 90 años de prisión en contra de autoconvocados por haber participado de alguna manera en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega.
52 autoconvocados han sido condenados entre agosto y octubre de 2018 por haber ejercido su derecho constitucional de protestar contra el régimen orteguista, desde el 18 de abril.