CIDH otorga medidas cautelares a siete presas políticas recluidas en la cárcel La Esperanza

Las medidas son para Amaya Eva Coppenss, Olesia y Tania Muñoz, Solange Centeno, María Serrato, Irlanda Jerez y Nelly Roque quienes se encuentran en una “situación de gravedad y urgencia” ante la última golpiza que recibieron

presas políticas

Fachada de la cárcel de mujeres La Esperanza donde se encuentran las presas políticas. LAPRENSA/M. Esquivel

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares este 11 de noviembre a las presas políticas Amaya Eva Coppenss Zamora, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Tania Verónica Muñoz Pavón, Solange Centeno Peña, María Dilia Peralta Serrato, Irlanda Undina Jerez Barrera y Nelly Marilí Roque Ordoñez, quienes se encuentran en una “situación de gravedad y urgencia” ante la última golpiza´perpetrada por hombres vestidos de negro del Sistema Penitenciario Nacional, y que  fue denunciada por estas el pasado octubre.

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Estas mujeres son líderes estudiantiles, de barrios, de comunidades que participaron activamente en marchas y plantones, ejerciendo su derecho constitucional a la protesta contra el régimen de Daniel Ortega, desde el pasado 18 de abril.  Las presas políticas están siendo procesadas por la dictadura orteguista por terrorismo, crimen organizado, tortura, robo, obstrucción al servicio público entre otros delitos. Fueron secuestradas por paramilitares y tienen más de tres meses encerradas en la cárcel La Esperanza.

Medidas incluyen a su núcleo familiar

Las medidas cautelares otorgadas son para que se respeten los derechos a la vida e integridad personal de las beneficiarias, según la resolución número 1133-18.

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Según las solicitudes recibidas por la comisión, las beneficiarias estarían en una situación de riesgo al encontrarse privadas de la libertad en el centro penitenciario La Esperanza y serían objeto de agresiones físicas y psicológicas  por parte de las autoridades.

En consecuencia, la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las beneficiarias y sus núcleos familiares.

Además debe garantizar que sus agentes respeten la vida e integridad de las beneficiarias de acuerdo a los estándares establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos, como proteger sus derechos en relación a actos de riesgo que sean atribuibles a terceros.

Estado debe permitir acceso a la cárcel

Según la resolución de la CIDH, el Estado debe asegurar que las condiciones de detención de las beneficiarias se adecuen a estándares internacionales, que posibilite la atención médica necesaria atendiendo su condición de salud y que facilite el acceso a los representantes legales y visitas familiares, para verificar las circunstancias.

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También pide informe sobre las acciones adoptadas a fin de “investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares”.

Los familiares de las privadas de libertad denunciaron que las beneficiarias fueron cruelmente golpeadas por agentes vestidos de negro cuando pretendían llevarse a Irlanda Jerez a una entrevista en horas de la noche y las demás mujeres impidieron que se la llevaran por temor a lo que le harían y se desató la golpiza dentro de las celdas.

La mayoría resultaron golpeadas, Olesia Muñoz, por ejemplo, que es soprano, le lastimaron la garganta, con el fin de causarle daño a sus cuerdas vocales. Muñoz canta el Ave María desde su celda.

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