Angustia por trato a presas políticas en el penal La Esperanza

Familiares desconocen cuál es el estado de salud de presas políticas agredidas el pasado 26 de octubre por encapuchados que introdujeron a sus celdas

José Denis Muñoz, hermano de las presas políticas Olesia y Tania Muñoz, junto a la abogada del Cenidh, Wendy Flores. LA PRENSA/E. ROMERO

Una de las preocupaciones expresadas por José Denis Muñoz, hermano de la presas política Olesia y Tania Muñoz,  es que desconoce las condiciones en que se encuentran, tras la agresión sufrida junto a sus compañeras de celda el pasado 26 de octubre por funcionarios encapuchados.

La angustia es motivada porque conoce de la violencia sicológica a la que son sometidas, y porque no les dejan pasar sus medicinas para los dolores. Al tiempo que desconoce si las llevaron a revisión médica, pues en la última visita posterior a la agresión a ambas aún se les apreciaba las huellas de la golpiza.

La abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Wendy Flores, recordó que es obligación del penal garantizarles medicamentos y atención médica a las privadas de libertad y aunque apuntó “conocemos que los centros tienen dificultades, no de ahorita, de medicamentos y alimentos”.

Flores dijo que por el hecho que son los familiares que compensan estas faltas de medicina o alimentos  es  injusto que, mientras el régimen no puede proveérselos, los funcionarios del penal almacenen en las oficinas lo  que los familiares les pueden proporcionar a las presas políticas como sucede en este caso.

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“La persona sufre además de la privación, un dolor por la golpiza que le dieron y no le proveen de medicamentos (…) es una forma de castigo, de maltrato”, afirmó Flores.

Las hermanas Muñoz están entre las siete presas políticas beneficiadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con medidas cautelares y que José Denis Muñoz indicó que  espera que el Estado acate , no solo por sus hermanas sino también por el resto de presas políticas.

Aunque está claro que hay muchas personas que participaron en el Diálogo Nacional que tenían medidas cautelares y fueron procesadas.

La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de siete de las 16 privadas de libertad que están en la penitenciaría de mujeres La Esperanza, la mismas que fueron agredidas el pasado 26 de octubre por 25 funcionarios que encapuchados ingresaron  a la celda para golpearlas, informó la abogada del Cenidh.

Las presas políticas beneficiadas con las medidas cautelares fueron Amaya Eva Coppenss Zamora, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Tania Verónica Muñoz Pavón, Solange Centeno Peña, María Adilia Peralta Serrato, Irlanda Undina Jerez Barrera y Nelly Marilí Roque Ordoñez, quienes en algunos de los casos fueron tramitadas por el Cenidh, en otros lo hicieron por su cuenta, explicó Flores.

De acuerdo con la resolución de la CIDH las beneficiarias estarían en una situación de riesgo al encontrarse privadas de la libertad  y serían objeto de agresiones físicas y psicológicas por parte de las autoridades.

Por tanto, esa Comisión solicitó al régimen en representación del Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las beneficiarias y sus núcleos familiares.

Además añadió que se garantice que sus agentes respeten la vida e integridad de las presas políticas.

Que cumpla medidas

La abogada del Cenidh, Wendy Flores, instó al régimen a  cumplir con las medidas cautelares  dictadas por  la Comisión “que tienen como fin legítimo que se proteja la vida y la integridad de las privadas de libertad, que es una obligación del Estado de Nicaragua, principalmente para las presas políticas que se encuentran en riesgo dentro de la prisión y por amenazas no solo de otras privadas de libertad sino por la agresión misma de otros funcionarios penitenciarios”.

“Sabemos que el Estado no ha estado cumpliendo las resoluciones de la Comisión, sabemos que el Estado ha  estado violentando los derechos humanos de  la población”, dijo Flores.

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