O son golpeadas o las procesan o las secuestran. Las vejaciones contra las mujeres que se oponen públicamente al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua siguieron este martes.
Mientras se hacían públicas las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó a favor de siete presas políticas, la Policía Orteguista (PO) secuestró nuevamente a Elsa Valle, además a su hermana.
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Esto ocurrió en las afuera de los juzgados capitalinos. La hermana de Elsa es Rebeca Valle.
Las reas beneficiadas con las medidas de protección de la CIDH son Amaya Eva Coppens Zamora, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Tania Verónica Muñoz Pavón, María Dilia Peralta Serrato, Irlanda Undina Jerez Barrera, Solange Centeno Peña y Nelly Marilí Roque Ordóñez. Estas últimas originarias de Matagalpa, ayer mismo esperaban finalización del juicio donde las acusan de varios delitos.
La agresión en el penal
Las beneficiadas con la orden del organismo internacional se encuentran en una “situación de gravedad y urgencia” ante la última golpiza que recibieron de parte de hombres vestidos de negro dentro del Sistema Penitenciario Nacional, y que fue denunciada por estas el reciente octubre.
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Estas mujeres son líderes estudiantiles, de barrios, de comunidades que participaron activamente en marchas y plantones, ejerciendo su derecho constitucional a la protesta contra la dictadura de Daniel Ortega desde el pasado 18 de abril.
Ahora están siendo procesadas por la dictadura orteguista por terrorismo, crimen organizado, tortura, robo, obstrucción al servicio público, entre otros delitos. Fueron secuestradas por paramilitares y tienen más de tres meses encerradas en la cárcel La Esperanza.
El caso de las valle
Las hermanas Valle Montenegro se encontraban en la vía pública, frente al portón trasero del Complejo Judicial Central de Managua, con carteles en mano demandando la libertad de su papá Carlos Valle, quien es reo político y tiene sesenta días de estar preso, cuando fueron secuestradas este martes.
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“El policía de negro le dijo ‘callate, no me contestes’, porque ella (Elsa) reclamaba su derecho a protestar, fue cuando dio la orden —montenla— y la hermana trató de evitarlo y también la montaron y las golpearon. Algún día pagarán las groserías que están haciendo”, dijo una de los testigos de la barbarie.
Uno de los zapatos de Elsa Valle quedó en el pavimento, mientras los lentes de su hermana también quedaron tirados. Así consumó la Policía el secuestro.
Liberadas después de llevarlas al Chipote
Las jóvenes fueron llevadas al Chipote y en el camino las humillaron verbalmente, los antimotines las golpearon con los puños y casi asfixian a Elsa con las manos, relató la perjudicada. Minutos después fueron liberadas.
“Solo nos decían ‘a ver hija de p… ustedes tanto que se las daban de huevoncitas dando entrevistas, aquí estamos’”, narró Valle.
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Después de la golpiza, la PO condujo a ambas jóvenes en un microbús con aire acondicionado, en que las acompañaban policías mujeres que las iban sobando, según Elsa Valle. “Quieren tapar el sol con un dedo, quieren aparentar que todo está normal”, aseguró Valle.
Sin embargo, la muchacha aclaró que esto no impedirá que ella siga demandando la libertad de su padre, quien ayer presuntamente sería conducido a audiencia, pero al final no fue presentado en los tribunales.
Privadas en riesgo
La CIDH solicitó al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las presas políticas beneficiadas y sus núcleos familiares.
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Además debe garantizar que sus agentes respeten la vida e integridad de las beneficiarias de medidas cautelares de acuerdo con los estándares establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos.
El abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, recordó que “tanto Elsa (Valle) como su familia han sido víctimas de una persecución con motivación política”.
Hechos como estos demuestran que el país “no solo no está normal (y) que está sometido a una dictadura, a un estado de terror”.
El país vive una etapa de represión de la protesta, que se caracteriza por la persecución judicial de los manifestantes.