La Unidad Nacional Azul y Blanco, que agrupa a los sectores opositores del país, emitió un comunicado este martes en el que exige la renuncia inmediata de Lumberto Campbell a la vicepresidencia del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Esto ocurre luego de las acusaciones de Ligia Gómez, exfuncionaria del Banco Central de Nicaragua (BCN) y exsecretaria política del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que lo implica directamente como organizador de las órdenes de Rosario Murillo para reprimir las protestas civiles desde el 19 abril.
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“Exigimos la destitución inmediata del magistrado Lumberto Campbell, quien ha demostrado ser adoctrinado, dependiente y fiel al régimen Ortega Murillo, cualidades inaceptables en el presidente de un poder del Estado, que según nuestras leyes debe ser independiente y subordinado únicamente a las disposiciones de nuestra Constitución”, dice el comunicado.
Aunque Campbell es vicepresidente del CSE, ejerce todas las funciones de presidente, desde febrero pasado. En esa fecha la Asamblea Nacional reformó la Ley Electoral para quitarle esas funciones al entonces presidente Roberto Rivas, debido a la sanción impuesta por Estados Unidos a través de la Ley Magnitsky, que castiga a los funcionarios extranjeros corruptos y violadores de derechos humanos. La Ley Magnitsky le decreta al sancionado una especie de muerte bancaria, por lo que Rivas ya no podía estar al frente del CSE.
El CSE, bajo la presidencia de Rivas, ejecutó fraudes electorales desde 2008 que han mantenido en el poder a Daniel Ortega más de diez años.
Fidel Moreno también encabezó represión
La exfuncionaria del Banco Central, quien se encuentra en el exilio, también mencionó a Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, como otro de los actores que encabezó y dirigió la represión ordenada por Murillo, esposa del dictador Daniel Ortega. Moreno también está sancionado con la Ley Magnitsky.
Gómez reveló, además, los correos enviados por la primera dama, que demuestran que la orden fue reprimir “con todo” a los manifestantes, según las palabras de Fidel Moreno en una reunión con los secretarios políticos en el auditorio del Parque Japonés, el pasado 19 de abril, donde participó Campbell. Esa reunión ocurrió precisamente el día en que hubo los primeros asesinados por el régimen orteguista.
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“En dichas declaraciones la exfuncionaria gubernamental dejó al descubierto cómo se ha utilizado todo el aparato gubernamental como instrumento de presión contra el pueblo nicaragüense, lo que nos llama a alzar nuestras voces en contra de todos aquellos funcionarios implicados en actos de represión, así como la necesidad urgente de cambios profundos en la estructura y leyes electorales en el país, indispensables para llevar a cabo elecciones libres, justas y transparentes”, asegura el comunicado.
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Hasta la fecha, los organismos de defensa de derechos humanos contabilizan entre 325 y 535 muertos por la represión desde el 19 de abril, así como más de quinientos presos políticos.
Testimonio ante congresistas de Estados Unidos
El pasado 27 de septiembre, la exfuncionaria del BCN, Ligia Gómez, tuvo una audiencia con el congresista James P. McGovern, demócrata por Massachusetts, y copresidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, que investiga los abusos internacionales de los derechos humanos y recomienda cómo los Estados Unidos deben fomentar el respeto por los valores democráticos en el extranjero.
En su testimonio Gómez relató que Campbell fue uno de los funcionarios que se encargó de cumplir la orden de Rosario Murillo, pareja del dictador Daniel Ortega, de responder “con todo” contra las protestas civiles que en ese momento expresaban su rechazo a una reforma a la seguridad social, que luego fue anulada.
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Gómez además reveló a la revista Confidencial documentos e información que explican cómo reaccionó el régimen orteguista bajo las órdenes de Murillo, durante la rebelión de abril.
La exfuncionaria confesó en la entrevista, vía Skype desde Estados Unidos, el dilema ético-moral que enfrentó como funcionaria del Gobierno y miembro del FSLN, porque se negó a apoyar la masacre contra jóvenes y civiles por parte de policías.
Gómez tuvo que abandonar el país por temor a represalias, por no apoyar la represión orteguista que dejó más de quinientos muertos.