La justicia estadounidense acusó al dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, de sobornos y blanqueo de dólares en una trama multimillonaria que involucra a otros dos venezolanos, informó este martes la Fiscalía.
Gorrín, de 50 años, enfrenta nueve cargos de lavado de dinero, uno de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otro de conspiración para cometer lavado de dinero.
La Fiscalía detalla que Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluido Alejandro Andrade, que fue tesorero nacional con el expresidente Hugo Chávez, para garantizar los derechos a realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables para el Gobierno venezolano.
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Además de transferir dinero a los funcionarios, Gorrín supuestamente compró y pagó gastos de ellos en jets privados, yates, casas, caballos de carreras, relojes de alta gama y una línea de moda. Para ocultar los sobornos, Gorrín realizó pagos a través de múltiples compañías ficticias.
Andrade y Gabriel Arturo Jiménez Aray, de 50 años y expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, precisó la Fiscalía.
Prófugo de la justicia
La acusación contra los tres fue presentada el 16 de agosto de 2017, pero había permanecido sellada hasta este martes en el Distrito Sur de Florida. Gorrín, quien tiene residencia en Miami, es considerado prófugo por la justicia estadounidense.
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Gorrín presuntamente se asoció con Jiménez para adquirir el Banco Peravia, una institución financiera en República Dominicana, para lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos y las ganancias de la trama.
Andrade, quien también tiene residencia en Florida, admitió en diciembre de 2017 que recibió más de mil millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros conspiradores a cambio de utilizar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda para el Gobierno venezolano.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Andrade aceptó una sentencia en dinero, con el decomiso de 1.000 millones de dólares y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema corrupto, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias.
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La audiencia en la que se dictará sentencia a Andrade está programada para el próximo martes. Jiménez por su parte admitió en marzo pasado que conspiró con Gorrín y otros para adquirir el Banco Peravia, a través de los cuales ayudó a lavar el soborno y los fondos del plan. Su sentencia está programada para el jueves de la próxima semana.