Régimen orteguista arrecia secuestros y detenciones arbitrarias

La CIDH menciona que las detenciones en Somoto y las registradas en un centro comercial de Managua “permiten constatar ahora la decisión de criminalizar cualquier manifestación de disidencia”

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. En Nicaragua ha habido una ola de secuestros, capturas y desapariciones a raíz de las protestas. Foto/ Archivo

Tras siete meses de resistencia cívica en Nicaragua, el régimen Ortega Murillo arreció los secuestros y las detenciones arbitrarias en contra de la población en diferentes partes del país.

El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advierte que el régimen “ha adoptado una estrategia de impedimento de toda forma de manifestación o protesta social”.

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El último caso que causó rechazo entre la población y las organizaciones de la sociedad civil fue el secuestro de la docente Ana Cecilia Hooker Bermúdez y del empresario Gonzalo Hernández Cáceres, en Somoto, y su traslado al centro de torturas el Chipote.

La CIDH menciona que las detenciones producidas en Somoto y las registradas en un centro comercial de Managua en los últimos días, por entonar el Himno Nacional en un pequeño acto de protesta pública o por fotografiar a los policías desplegados en el centro comercial, “permiten constatar ahora la decisión de criminalizar cualquier manifestación de disidencia”.

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“El desproporcionado despliegue preventivo de personal policial antimotines, así como de otras unidades policiales en lugares en que tradicionalmente se protestaba, se unió ahora a la ocupación de establecimientos comerciales en que se habían realizado pequeños actos de protesta. Así, dicho patrón de extrema limitación del derecho a protestar se manifestó más concretamente”, refiere la CIDH en un comunicado de prensa.

La CIDH reitera al Estado de Nicaragua, que la protesta social y la libertad de expresión no pueden ser vistas como una amenaza en sociedades democráticas.

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“En particular, en el contexto que vive hoy el país, la protesta social y la libertad de expresión son herramientas que contribuirán a explorar mecanismos de diálogo que aseguren la paz, la reconciliación y garanticen verdad, justicia y la reparación a que tienen derecho las víctimas, especialmente los cientos de familias que han perdido a sus seres queridos”, señala la CIDH.

A su vez, dice la CIDH, “el Meseni identificó limitaciones que violan los estándares internacionales de derechos humanos”, que van desde la publicación de notas de prensa de la Policía Orteguista (PO) que primero responsabilizaba por hechos violentos que pudieran ocurrir en las manifestaciones públicas a quienes las convocaran, así como la declaración ilegal de toda manifestación que no contara con autorización previa de su parte.

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En el caso de Somoto, la detención arbitraria de ambos ciudadanos —el pasado lunes— habría sido orientada por el secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Madriz, César Olivas Vásquez, y ejecutada fielmente por el jefe de esa institución orteguista, el comisionado mayor Javier Martínez.

Ambos secuestrados fueron trasladados a primeras horas del martes a las celdas del Chipote, en Managua, lo que provocó indignación en la población de Madriz.

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Marcos Hernández, hermano del empresario detenido, aseguró que denunciaría el hecho ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la cual rápidamente lo calificó como “un atropello”.

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) emitió un comunicado a través del cual denuncia la detención ilegal de Hernández, quien es coordinador de esa cámara, capítulo Madriz, y gerente propietario de Namancambre Tours.

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“Canatur denuncia esta nueva arbitrariedad contra los ciudadanos nicaragüenses que ejercen su derecho a la libre expresión tal como establece nuestra Constitución Política”, refiere en su comunicado.

El lunes los autoconvocados de Somoto habían planificado realizar un piquete cívico en memoria de los primeros asesinados de la represión del régimen hace siete meses; sin embargo, según una integrante del Movimiento 19 de Abril, aparentemente la Policía Orteguista (PO) se enteró y apostó en el sitio a fuerzas de los Dantos, por lo que suspendieron la actividad.

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Un pequeño grupo que se dispersó decidió realizar la protesta en una esquina de la ciudad de Somoto, donde cantaron el Himno Nacional y se fueron a sus casas. Pero alguien subió a las redes sociales un video de unos cuarenta segundos, explicó el exdiputado Armando Herrera.

Además fue denunciado que elementos de los Concejos del Poder Ciudadano (CPC) de ese sector y equipos de inteligencia de civil y agentes uniformados de la PO fotografiaron a los participantes del piquete cívico.

Tres horas después aproximadamente la PO llegó a la casa de Hernández y de forma arbitraria se lo llevó.

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Posteriormente fue arrestada Hooker Bermúdez, cuando acudió a preguntar por Hernández. “Parece ser que les molestó que se cantara el Himno Nacional”, dijo Herrera.

Tanto Herrera como la integrante del Movimiento 19 de Abril en Somoto, aseveraron que la PO retiene a Hooker para obligarla a que entregue a su hija, que es menor de edad e integrante del Movimiento .

“Estamos en un estado de total de indefensión donde ya no respetan ni los símbolos patrios, no respetan absolutamente nada”, manifestó Herrera, quien comentó que en esa ciudad viven momentos de tensión.

Aparentemente están detrás de todos los que participaron en el piquete, “la tensión es extrema” porque toda la población se convirtió en Azul y Blanco, “que es un grave delito en Nicaragua”, por lo cual todos esperan que en cualquier momento los lleguen a traer presos a su vivienda, sostuvo Herrera.

Otra arbitrariedad

Otro de esos casos de detención arbitraria fue expuesto ayer en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) por la madre y hermana del paramédico Chéster Navarrete Jarquín, Yamileth Jarquín y Nely Navarrete Jarquín, respectivamente, detenido desde el pasado 10 de noviembre en Nindirí.

El joven fue presentado nueve días después como “delincuente” por el segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), Farle Roa, el pasado lunes, sin embargo, no ha sido presentado ante los tribunales, lo que se suma a las arbitrariedades en que incurre la PO.

“Mi hermano no es ningún delincuente, mi hermano su único delito fue atender a heridos, sin ver ningún color político”, afirmó Navarrete Jarquín.

El lunes Roa le imputó una serie de cargos al joven paramédico, entre estos destacan el delito de secuestro.

“No se puede hablar de una reconciliación si siguen habiendo presos políticos, si siguen habiendo personas detenidas arbitrariamente”, cuestionó el abogado del Cenidh, Salvador Marenco.

Marenco mencionó que en este contexto el Cenidh ha presentado alrededor de setenta denuncias por asesinato y solo el caso del periodista Ángel Gahona ha sido procesado y los señalados no son considerados los culpables.

Arrestada bajo engaños

Padres de la exconcejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en Ticuantepe, Karla Sujey Vanegas Gutiérrez, denunciaron en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) su detención arbitraria. Vanegas Gutiérrez fue detenida bajo engaños el pasado 13 de septiembre cuando primero llegaron a su casa dos personas vestidas de civil, denunció su padre José Leonel Vanegas Bustos.

Vanegas Bustos manifestó que hay una confusión de identidad, pues a su hija la están procesando bajo el nombre de Karla Patricia Vanegas Gutiérrez. El abogado del Cenidh, Salvador Marenco, señaló que hay violaciones al debido proceso que empezó con una detención ilegal y cuando bajo engaños la condujeron a la delegación policial donde la arrestaron. Vanegas fue presentada por la Policía Orteguista como terrorista, pero al momento de la acusación en los tribunales fue por entorpecimiento de funciones públicas y portación ilegal de armas, cuando no le ocuparon ninguna arma de fuego.

Siete meses de terror

Esta situación demuestra que la población “ha sido sometida a siete meses de terror, siete meses de sistemáticas violaciones de derechos humanos, siete meses de estar el país rehén de una familia obcecada por mantenerse en el poder cueste lo que cueste”, expresó el abogado del Cenidh, Gonzalo Carrión. Recordó que según registros de ese organismo la represión del régimen ha dejado más de trescientas personas asesinadas, más de seiscientos presos políticos y una cantidad no determinada de desaparecidos y miles en el exilio.

(Colaboración de William Aragón)

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