La Oficina del Ato Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) observó una “creciente erosión de los espacios para expresar opiniones diferentes” a la posición oficial del régimen Ortega-Murillo sobre la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua.
En su boletín mensual del monitoreo a distancia realizado sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, ocurrida en octubre pasado, resaltó que continúan las detenciones y procesos judiciales contra personas asociadas a las protestas incluyendo periodistas y representantes de la sociedad civil.
“Las cifras más conservadoras proporcionadas por fuentes no gubernamentales indicaron que alrededor de 150 personas fueron privadas de libertad en octubre , la mayoría de ellas procesadas por cargos presuntamente relacionadas con las protestas”, indica Oacnudh, que destaca que el 19 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que más de 300 personas permanecían detenidas en relación con las protestas ocurridas desde abril pasado.
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“Al mismo tiempo no se tiene conocimiento de ningún proceso judicial contra las autoridades del Estado u otro actores responsables de violaciones de derechos humanos o abusos en contra de manifestantes en los meses pasados”, dice Oacnudh.
Entre las preocupaciones de Oacnudh están que continuaron las restricciones indebidas a la libertad de expresión así como al derecho a la información.
Igualmente menciona que defensores de derechos humanos, personas que ejercen liderazgo social y político, y miembros de la Iglesia Católica “comprometidos en impulsar el diálogo entre el Gobierno y los sectores involucrados en las protestas , continuaron siendo blanco de amenazas, hostigamientos, campañas de desprestigio y, en algunos casos detención arbitraria”, señala. También menciona que recibió denuncias de violaciones a los derechos humanos de las presas políticas en la Esperanza.
“La Oacnudh recuerda a Nicaragua que conforme a las normas y estándares interamericanos e internacionales, los Estados están obligados a garantizar la vida, la integridad y la salud de las personas bajo su custodia”, refiere en su boletín mensual.
En octubre solo hubo una manifestación “probablemente como consecuencia de la represión policial a las protestas”, apunta Oacnudh en su boletín.