Mientras la dictadura orteguista promueve una polémica ley para la “reconciliación”, sostiene su sistema de aprensiones ilegales, juicios de odio contra los autoconvocados, refuerza las capacidades militares de la Policía y el discurso de odio cada mediodía de la vicedictadora, Rosario Murillo.
La semana pasada concluyó la “consulta” con las instituciones y los órganos orteguistas de la política de “reconciliación y la paz”, cuyo texto elaboró Murillo.
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El documento que resultó de esa “consulta” que se hizo circular en los medios oficialistas lo “estamos actualizando”, dijo ayer Murillo, quien anunció que la versión final estaría lista para el próximo 3 de diciembre, cuando se presentará oficialmente en la Asamblea Nacional, de acuerdo con lo ordenado por la dictadora. La pretensión del régimen Ortega Murillo es convertir en ley la promoción de “reconciliación”.
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Al respecto Luisa Molina, de la Coordinadora Civil, y Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), cuestionaron que esa política de “paz” es una nueva farsa de la dictadura, cuyo objetivo principal es presentarla ante la comunidad internacional como muestra de que la crisis sociopolítica acabó en Nicaragua.
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Molina y Nuñez dijeron, por separado, que Murillo es la primera que demuestra que esa política de “paz” es una mentira, pues en sus elocuencias diarias en los medios oficialistas hace gala de un discurso de odio hacia la población autoconvocada.
Desde abril que iniciaron las protestas ciudadanas, encabezadas por estudiantes y pobladores autoconvocados, el régimen Ortega Murillo desató una represión que ha deja más de quinientos muertos, miles de heridos, exiliados y al menos seiscientos presos políticos.
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Impedir las marchas ciudadanas, perseguir y apresar ilegalmente a toda persona que protesta, inventarles delitos —siendo el preferido del régimen el de “terrorismo”—, es parte de la represión que a diario aplica la dictadura por medio de la Policía y Fiscalía Orteguistas, acciones a las que se suman jueces que condenan a los detenidos por el régimen.
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“Ellos tienen un discurso para su militancia, a la gente pobre que depende de los doscientos o cuatrocientos córdobas que le pagan por el día de trabajo por ir a rotondear, aquellas personas a las que mandan a escuchar solo a sus medios de comunicación donde se disemina esa política. Ahí el mensaje es de exclusión y de fomentar el odio contra quienes se oponen a la pareja”, aseveró Molina.
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Al otro sector, dijo Molina, que va esa ley de “reconciliación” es a la comunidad internacional, “para aparentar de que el país está tranquilo”, pero es una versión en la que el régimen volvería a fracasar.
La vocera de la Coordinadora Civil señaló que los crímenes contra la población en estos siete meses son el resultado de “la política de exclusión y no permitir la alternabilidad del poder” de la pareja dictatorial. “Esa ley que escribe la propia señora Murillo es una farsa, es una burla a las madres de los asesinados, a los familiares de los presos políticos. Es una ley mentirosa de un régimen opresor que en once años ha venido matando al pueblo”, criticó Molina.
Aumenta lista de ofensas y descalificativos
Al listado de descalificación contra los autoconvocados en estos siete meses de crisis sociopolítica, la dictadora Rosario Murillo le sumó “ácidos” y “agrios” a los grupos que siguen reclamando la liberación de los presos políticos, demandan la renuncia de la pareja de dictadores y el adelanto de las elecciones.
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“Todos los que no somos ácidos, los que no somos agrios… le damos gracias a Dios todos los días por la vida y el trabajo”, dijo Murillo ayer en su intervención en los medios oficialistas.
Ella llamó puchitos, chupa sangre, terroristas, vandálicos, delincuentes, minúsculos, chingastes, tóxicos, seres pequeños y satánicos a quienes protestan en su contra.
Además promueve la división de clases sociales en el país, a pesar de que su familia tiene una vida de lujos con recursos públicos, y además tener empresas ganaderas y canales de televisión, entre otras, que adquirieron con recursos del acuerdo petrolero con Venezuela.
“En esa cultura emprendedora victoriosa, que hay quienes desprecian llamándole economía de fritanga… porque piensan que solo los pudientes pueden”, dijo Murillo, que se entendió como un ataque a los grandes empresarios.