El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) interpuso este jueves un recurso de inconstitucionalidad contra el reglamento de la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), por considerar que busca “controlar y destruir” el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en Nicaragua.
“Es un recurso de carácter parcial, contra algunos artículos que le atribuyen funciones injerencistas y desproporcionadas a la UAF para buscar cómo controlar y destruir el trabajo de las organizaciones civiles sin fines de lucro”, dijo la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Las ONG tienen hasta el 3 de diciembre de 2018 para registrarse ante la UAF y presentarle toda su actividad administrativa y financiera, así como el origen y destino de los fondos que reciben, bajo pena de sanciones temporales o suspensiones definitivas.
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Una violación a las normas de la UAF podría hacer que las ONG caigan en violaciones a la “Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, aplicada a personas que se oponen al Gobierno del presidente Daniel Ortega, dijo el Cenidh.
Régimen quiere “institucionalizar una persecución de carácter jurídico”
El recurso fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por un grupo de nueve activistas del Cenidh, liderados por Núñez, quien afirmó que el objetivo del Gobierno es “institucionalizar, con estas facultades, una persecución de carácter jurídico”.
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“Prácticamente es el diseño de la intromisión de una instancia como es la UAF que no tiene nada que ver con asociaciones civiles sin fines de lucro, la ponen prácticamente a buscar como regular, examinar, y exigir obligaciones a estas organizaciones”, dijo la defensora de derechos humanos.
Este es el segundo recurso por inconstitucionalidad que presenta el Cenidh, ante la Corte Suprema de Justicia a las que considera son “disposiciones arbitrarias” que el régimen Ortega Murillo, ha dictado “dentro del contexto de la represión y como parte de la represión que están impulsando”.
En el caso del decreto recurrido este jueves, Núñez considera que representa “una espada de Damocles” contra las organizaciones, e invisibiliza y duplica las funciones de la Dirección de Asociaciones Civiles sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación (Migob), que tiene esas funciones, según la Ley 147.
La Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y la Ley de la UAF fueron propuestas por el régimen de Daniel Ortega y aprobadas por la Asamblea Nacional en julio pasado, durante los momentos de más álgidos de la represión de la Policía Orteguista y los paramilitares contra las manifestaciones ciudadanas.
Recurso anterior
El primer recurso presentado por miembros del Cenidh fue contra la Ley 977 que califica todo como terrorismo, el cual ya está en tramitación y el dictador Daniel Ortega y el diputado orteguista, Gustavo Porras, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras rindieron su informe, según conoció Nuñez “y está en proceso de estudio”.
Núñez recordó que ese organismo de derechos humanos interpuso el 17 de septiembre un recurso de inconstitucionalidad parcial, es decir, para ciertos artículos de la Ley 977 que violentan derechos constitucionales de los nicaragüenses.
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Entre los derechos violentados por la ley, según el Cenidh, figuran la violación al derecho a la seguridad y personalidad jurídica, a la privacidad, entre otros. Hasta hace unos meses la Policía Orteguista (PO) cada que presentaba a un autoconvocado detenido le tildaba de terrorista.