A siete meses de protestas contra el régimen Ortega-Murillo y la peor represión que ha sufrido el pueblo de Nicaragua en tiempos de paz, se hizo el anuncio de una política de “reconciliación” por parte del régimen, pero ¿puede la política de reconciliación del régimen resolver la crisis socio-política que vive Nicaragua?
El documento, esencialmente crea instancias y espacios para promover valores y principios, se concentra en la promoción de la cultura de paz y no dice nada de la reconciliación. En un sentido amplio, la expresión reconciliación es un eufemismo que sugiere que existe división en la sociedad, cuando lo que realmente ocurre en Nicaragua es el secuestro del gobierno por un pequeño grupo dispuesto a mantenerse en él a cualquier costo.
En ese afán, se han presentado graves violaciones a Derechos Humanos en gran escala (más de 500 muertes, desaparecidos, torturados, desplazamiento forzado y presos políticos) sumado a una inexistente institucionalidad democrática. Cuando ambos factores se unen, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos prevé el uso de mecanismos de Justicia Transicional para garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.
La Justicia Transicional son mecanismos y procesos (Comisiones de la verdad; Fiscalías especiales; leyes que contemplan penas menores a quienes se entreguen y confiesen, entre otros) orientados a conocer la verdad sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos, sancionar a los responsables y reparar el daño causado a las víctimas. Es por ello que la finalidad última de la Justicia Transicional es la reconciliación, si no se conoce la verdad y se asume la responsabilidad por esta, no puede darse una auténtica reconstrucción del tejido social en un país.
Para muchos, la reconciliación propuesta por el régimen supone que los presos políticos son una moneda de cambio para que finalmente se presente una ley de auto-amnistía (hechas por y para el opresor) lo que ha sido declarado incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Gelman vs. Uruguay 2011) al impedir que las víctimas puedan ejercer su derecho a la verdad, justicia y reparación.
El dilema de la “reconciliación” para el régimen es que el mero uso de la expresión implica admitir la comisión de graves violaciones a los Derechos Humanos, y por otra parte, no puede promover una auto-amnistía en aras de la reconciliación porque no valdrá nada si en Nicaragua se da paso a la democracia, ya que sería contraria a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Solo la transición a la democracia y garantizar la verdad, justicia y reparación a las víctimas garantiza una auténtica reconciliación en Nicaragua.
El autor es maestro en Derechos Humanos.