En los 11 años del régimen del dictador Daniel Ortega la práctica administrativa ha sido actuar al margen de la Carta Magna.
Entre el gran listado de violaciones legales cometidas está que su propio gabinete no tendría legalidad debido a que los ministros, viceministros, presidentes de entes autónomos y hasta el procurador general de la República no han sido ratificados por la Asamblea Nacional como lo obliga la Constitución de Nicaragua.
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Los juristas Gabriel Álvarez y Eliseo Núñez criticaron el doble rasero con el que actúa Ortega, porque por un lado violenta el Estado de Derecho para reforzar su régimen, pero a la vez apela a la institucionalidad para negarse a adelantar las elecciones, como se lo exige la mayoría de la población como salida democrática a la crisis sociopolítica que lleva más de siete meses en el país.
“Es la mentalidad de que la institucionalidad es utilitaria”, considera Núñez, explicando que “se le aplica a sus adversarios o cuando te conviene para entronizarte en el poder, pero cuando no te conviene la ignorás”.
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Debido a la represión de las fuerzas paramilitares y la Policía Orteguista en contra de la protesta ciudadana que inició en abril, en las calles y en el Diálogo Nacional, así como la comunidad internacional, le han demandado a la dictadura orteguista adelantar las elecciones para marzo de 2019.
El aparato represor de la dictadura Ortega y de su esposa y vicepresidenta dictadora Rosario Murillo, ha cometido una serie de violaciones a los derechos humanos de la población que deja más de quinientos muertos, miles de heridos y unos seiscientos presos políticos. El régimen no reconoce esos crímenes y se niega a retomar el Diálogo Nacional y adelantar elecciones.
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“Sí le sirve declarar que es inconstitucional el adelantar las elecciones, lo cual es debatible, pero si no le sirve la Ley, como es el caso de la ratificación de sus ministros entonces la ignora porque además no hay un contrapeso de poder ya que tiene una Asamblea sometida a los intereses de Ortega y por eso ningún diputado le recuerda que está pendiente este trámite que es constitucional”, dijo Núñez.
Desprecio a sus diputados
Ortega pasó por encima de la Constitución al reelegirse en 2011 a pesar de la prohibición expresa, y permanece en el gobierno a través de fraudes electorales. El dictador inició su tercer período consecutivo en el gobierno el 10 de enero de 2017, pero ocho días después juramentó a su Gabinete de Gobierno integrado por 96 funcionarios.
Los nombramiento fueron a través del Acuerdo Presidencial 01-2017 publicado en La Gaceta del 16 de enero de ese año. Pero un año y diez meses después, Ortega no ha mandado a la Asamblea la solicitud de ratificación de los miembros de su Gabinete, violando así los artículos 138 y 150 de la Constitución.
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El artículo 150 en el numeral seis establece que el presidente tiene tres días para “poner en conocimiento de la Asamblea” “el nombramiento para su ratificación” de sus ministros, “el cual se considerará firme” hasta que lo ratifiquen los diputados.
También la Constitución en su artículo 138, numeral 30, dicta la atribución de la Asamblea de “ratificar en un plazo no mayor de quince días hábiles, —una vez enviados los nombramientos— y “con el voto favorable de la mayoría simple del total de diputados” de quienes integran el gabinete del Ejecutivo.
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Pero, ¿si el FSLN tiene setenta diputados y el resto de partidos son sus aliados por qué no pide la ratificación de los ministros?
Núñez dice que es porque Ortega “no cree en la democracia”. “Él no cree que la gente deba votar libremente por un gobierno, pero tampoco cree que debe haber institucionalidad y la asume como un estorbo”.
Acciones ilegítimas
Son 96 funcionarios los que integran el Gabinete de Gobierno, entre ellos ministros, viceministros, secretarios generales, codirectores, el procurador y subprocurador general de Justicia, presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales. Estos son aparte de los cargos en instituciones como el presidente y directivos del Banco Central, el del INE, el superintendente de Bancos, el procurador para los Derechos Humanos que son propuestos por el presidente pero nombrados por la Asamblea.
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El jurista Gabriel Álvarez explicó que en el caso de los ministros al no haberse cumplido la ratificación del nombramiento por parte de la Asamblea hay una violación constitucional, que les dejaría sin legalidad y por lo tanto técnicamente jurídico en consecuencia sus decisiones serían recurribles ante los tribunales por inválidas.
Veces que cumplió
Solo en dos ocasiones el régimen de Daniel Ortega ha cumplido con la Ley y pedido la ratificación de los miembros del Gabinete. La primera vez fue en 2007 cuando asumió el gobierno y la segunda en 2013, pero durante el tiempo que tardó en hacerse la ratificación esos funcionarios actuaron de hecho en los cargos. Esa práctica se repite desde 2017.