Decenas de antimotines de la Policía Orteguista (PO) fuertemente armados asedian desde las 9:00 de la mañana de este viernes 23 de noviembre las instalaciones del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, en Mozonte, en el departamento de Nueva Segovia, donde se realiza una actividad en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las mujeres.
Los antimotines han rodeado todo el sector, patrullas tiene bloqueda la entrada principal al Instituto de Liderazgo y no permiten el ingreso de vehículos. Los guardias orteguistas además están ocultos detrás de los matorrales tomando fotografías de las personas que están en la actividad.
“Es parte del asedio que el Instituto ha estado viviendo desde hace mucho tiempo y que se ha aumentado por parte de las fuerzas del Gobierno desde que inició la crisis sociopolítica”, denunció la directora de la organización, Karla Padilla vía telefónica a LA PRENSA.
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Todos los años en el Instituto de Liderazgo de Las Segovias se realizan una jornada en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Este año no fue la excepción, a pesar de que los miembros de la organización ya han sufrido la represión del régimen orteguista en diferentes momentos en los 11 años de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Este viernes hay actividades, culturales, de crecimiento personal así como pronunciamientos en el que se hace el llamado de atención al Estado nicaragüenses a ejecutar políticas reales de prevención contra todo tipo de violencia que sufren las niñas, adolescentes, adultas y ancianas en el país, así como prestarle una atención de calidad cuando son víctimas de abusos sean físicos o psicológicos.
“Las mujeres, igual que el resto de la sociedad nicaragüenses en su conjunto, vivimos esta violencia institucional, ya no solo es de género, la violencia de un Estado machista que se ensaña contra las mujeres y las niñas”, denunció Padilla.
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene una férrea represión en contra de la ciudadanía y organizaciones sociales que se expresan en contra de los crímenes cometidos por la PO, la Juventud Sandinista y paramilitares bajo la servidumbre de la pareja de dictadores en las protestas que empezaron en abril, cuyo saldo superan los quinientos muertos, más de cuatro mil heridos, unos 600 presos políticos.
La crisis ha obligado a miles de nicaragüenses a exiliarse en otros países, principalmente en Costa Rica. Mientras en Nicaragua la dictadura incrementa la restricción de los derechos a la manifestación pacífica y de concentración, así como la intimidación por parte de sus huestes dirigidos por la Policía Orteguista hacia las organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, campesinos y empresarios que demandan el cese de la represión y el adelanto de las elecciones.
El Instituto de Liderazgo de Las Segovias ha sido víctima de esa represión en los más de siete meses de crisis sociopolítica, pues los orteguistas a través de las redes sociales insultan y amenazan a los miembros de la organización inventándoles de estar vinculados al intento de golpe de Estado, que es la versión de la pareja de dictadores Ortega-Murillo par desconocer el levantamiento social.
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Padilla explicó que se pidió a varios policías explicación de por qué la presencia alrededor del Instituto de Liderazgo, pero afirmó que solo le respondieron: “Aquí nos quedamos”, y se negaron a quitar las patrullas del acceso a las instalaciones.
Existe temor de al concluir la actividad la PO secuestre a quienes participaron y los encarceles ilegalmente, como es la práctica de las fuerzas represivas.
El 14 de octubre pasado la PO secuestró a Haydée Castillo, promotora de los derechos de las mujeres y directiva del Instituto de Liderazgo, junto a la también activista, Lottie Cunningham, en el Aeropuerto Internacional cuando se disponían a tomar un vuelo internacional. Fueron liberadas horas después de permanecer en el centro de torturas el Chipote.
Castilllo y Cunningham son parte de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), y ambas gozan de medidas cautelares extendidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).