Hasta ahora, el régimen de Ortega ha venido enfrentando el progresivo deterioro de la situación económica con medidas de política económica ortodoxas, como haría cualquier gobierno frente a un choque de naturaleza extraeconómica. Así, frente a la previsión de una inevitable caída en los ingresos tributarios por disminución de la actividad económica, ha recortado el gasto público, para evitar el incremento del déficit fiscal. También aceptó una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), en obvia señal que se propone continuar manejando la política económica de manera ajustada a ese organismo, es decir, de conformidad con el enfoque de conducción de una economía de mercado que depende en su funcionamiento del sector privado.
Pero en el plano político continúa la represión y el terror, con lo cual aleja al sector privado, las inversiones, el turismo, y continúa el deterioro de la situación económica, mientras acumula más heridas, resentimientos y repudio del pueblo nicaragüense en su conjunto.
La inercia de la situación actual, el solo mantenimiento de las condiciones sin que medie un factor de agravación, conduce a un desastre económico, con el consecuente costo social y político.
Cualquier economista sabe que la sostenibilidad del tipo de cambio y de la contención de la inflación estarían en entredicho dentro de pocos meses. ¡Y qué tal si entran en vigencia sanciones adicionales, como se está discutiendo en el Congreso de los Estados Unidos!
Los factores que permitieron a Ortega durante más de diez años estabilidad y crecimiento económico autoritario, ya no existen, y no puede reconstruirlos aunque quisiera, después de tantos muertos, heridos, presos políticos y exiliados. Tampoco es una opción intentar prolongar indefinidamente la contradicción, propiciando un desastre económico de inflación, devaluación y más depresión económica, al estilo Venezuela, pues un gobierno totalmente fuera de la ley y vinculado al narcotráfico como el venezolano, en el corazón geográfico de Centroamérica, desataría fuerzas internas y regionales que conducirían, por razones que analicé en el comentario de la semana pasada, a un escalamiento regional del conflicto nicaragüense.
El Gobierno no puede resolver la contradicción entre represión política y manejo económico ortodoxo indefinidamente, ignorando el clamor nacional e internacional para que se restablezca el Diálogo Nacional, que conduzca a una solución de la crisis política en sus causas más profundas: el proceso de construcción democrática que Ortega interrumpió y revirtió para construir una dictadura familiar.
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que nos cobija a todos los nicaragüenses, a la vez que define una agenda para el diálogo, debe insistir en la lucha pacífica pues sería la primera vez, en nuestra historia, que salimos de una dictadura sin lucha armada, para que nunca más tengamos caudillos.
El autor es dirigente político, excandidato presidencial.