Si el régimen de Daniel Ortega, a través del brazo armado de la Policía Orteguista (PO), impone su voluntad por encima de la Constitución Política, el derecho y la ley “estamos en un estado policíaco totalmente”, opinó este viernes el político opositor y miembro del Frente Amplio por la Democracia (FAD), Eliseo Núñez Morales.
Núñez explicó que el estado policial significa que en el país “no hay más ley que lo que decreta Ortega, es decir, que están anuladas todas las leyes, solo vale la palabra de ellos (el orteguismo)”.
Policía no permite marchar
Este viernes la PO incrementó la presencia policial en Managua y en otras ciudades del país, además, se conoció el asedio a medios de comunicación de línea crítica y también a personajes públicos que han declarado su rechazo al régimen orteguista. A la par de todo esto, la institución policial anunció mediante un comunicado que “no autoriza ni autorizará movilizaciones públicas a personas, asociaciones o movimientos que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de Estado”, en respuesta a los miembros Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
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La UNAB está integrada por diferentes sectores de la sociedad civil, opuestos al régimen de Daniel Ortega. El pasado miércoles, los miembros de la UNAB se presentaron en la sede nacional de la PO en Managua, conocida como Plaza El Sol, para notificar que este domingo saldrían a marchar.
Núñez dijo que la PO, en el comunicado emitido ayer, declara culpables de un supuesto intento de golpe de Estado a los miembros de la UNAB, aunque reconocen que aún los están investigando.
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“Los están culpando antes de comprobarlo, porque la ley establece que todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, entonces, ese otro precepto legal lo eliminan del catálogo de leyes que hay en el país”, expresó Núñez, quien también es abogado.
Contradictorios con su “reconciliación”
La socióloga y experta en temas de seguridad pública Elvira Cuadra manifestó que el desproporcionado despliegue policial en Managua y otras ciudades del país este viernes confirma que en Nicaragua hay un estado policial, tal como lo señaló el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao.
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La socióloga dijo que no había razón, peligro o riesgo inminente para la numerosa presencia de la Policía, principalmente en momentos en que a nivel gubernamental se está impulsando una campaña de “paz y reconciliación”.
“El despliegue de policías que hubo hoy, es contradictorio con lo que han estado anunciando de la política de reconciliación y de la normalidad, porque no hay una voluntad real de eso”, refirió Cuadra.
El anuncio de la PO de prohibir las marchas también fue cuestionado por la experta en temas de seguridad pública.
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Añadió que la Policía está yendo más allá de sus facultades, sobre todo porque dicen que no darán permiso ni ahora ni más adelante.
Cuadra consideró que el pronunciamiento de la Policía no deja claro si todos tienen prohibido salir a marchar o solo los miembros de la UNAB, que firmaron la carta entregada a la Policía.
Marcha suspendida
La marcha de la UNAB, que fue suspendida, se realizaría en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, pero exigiría además la liberación de los presos políticos en Nicaragua y del cese de la represión por parte del régimen orteguista.
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De acuerdo con el jurista José Pallais, la PO violó una serie de derechos constitucionales de los nicaragüenses al desautorizar la marcha pacífica convocada por la UNAB, pero además se erigió como un juez al condenar desde ya a miembros de esa agrupación, de ser promotores del supuesto golpe de Estado contra la dictadura orteguista.
“Se viola la Constitución porque son derechos concebidos a los ciudadanos, personas naturales quienes tienen derecho a protestar, a organizarse y manifestarse pacíficamente”, aseveró el jurista.
“Querer reducir el derecho a manifestarse a los partidos políticos es limitar, restringir el derecho a la movilización que tienen todos los nicaragüenses”, afirmó Pallais.
Estado de sitio
Por su parte, el sociólogo Cirilo Otero opinó que Nicaragua “vive un Estado de sitio” creado por la Policía Orteguista para reprimir a la población.
“Hemos quedado los ciudadanos sin derecho. La Policía en vez de protegernos nos agrede y nos violenta derechos humanos y constitucionales. Es un verdadero estado de sitio”, insistió el sociólogo.
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Otero añadió que la responsabilidad de la actuación de la Policía recae en la pareja presidencial.
“Ya su trabajo pasó de proteger a los ciudadanos a reprimirlos; lo que vive Nicaragua es delicado porque es el Estado y sus estructuras violentando a los ciudadanos”, manifestó.
PO investiga sin informar
El jurista José Pallais detalló que la Policía Orteguista (PO) violentó la presunción de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme la ley, establecido en el artículo 34 de la Constitución Política, porque culpa a los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) sin concluir su investigación.
Pallais también dijo que la PO deliberó, juzgó, condenó y violó la ley y “no respeta el debido proceso, porque no ha informado a los miembros de la UNAB de que hay una investigación contra ellos, ni el tipo de delitos que les quieren montar, sino que ya los juzgó y condenó”.
Además, el jurista manifestó que al negar todos los espacios para la protesta cívica, el régimen orteguista reitera su “cero tolerancia al respeto humano de la protesta”, pero también se interpreta como “un espaldarazo al ‘zancudismo’ porque solo los partidos considerados aliados a la dictadura tienen personería jurídica”, criticó el jurista, en alusión a que le pidieron personería jurídica para marchar.
La Carta Magna en su artículo 47 es clara en que “los ciudadanos gozan de los derechos políticos consignados en la Constitución y las leyes, sin más limitaciones que las que se establezcan por razones de edad”. Y el artículo 48 refuerza de que existe “igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos”.
Así mismo la dictadura orteguista por medio de la PO violentaría el derecho a la concentración y a la reunión pacífica, que confieren los artículos 53 y 54 de la Constitución.