El mismo silencio sepulcral que permanece en la tumba de la brasileña Rayneia Gabrelle Da Costa Lima Rocha, en el cementerio de su país natal, a cuatro meses de su asesinato, es el que permanece acá en Nicaragua en cuanto al oscuro proceso judicial que se lleva contra su verdugo, el paramilitar orteguista Pierson Gutiérrez Solís, de 42 años.
La Fiscalía hizo pasar a Pierson como guarda de seguridad.
La joven de 31 años era estudiante de sexto año de Medicina en la Universidad Americana (UAM) cuando la asesinaron, el 23 de julio pasado en horas de la noche en el sector de Lomas de Monserrat, residencial donde habitaba en Managua, cerca de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).
Este 23 de noviembre de 2018, cumplió cuatro meses de muerta y su caso sigue en la impunidad, pues a la fecha se desconoce la sentencia y el paradero de su asesino.
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La causa está radicada en el Juzgado Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, ante el juez orteguista Abelardo Alvir, quien está pendiente de elaborar la sentencia desde el pasado 1 de agosto, día en que la Fiscalía presentó la acusación y mediante un trámite expedito el paramilitar admitió el crimen.
“El juez tenía tres días para dictar sentencia, después de la última audiencia, según la ley, pero aquí los operadores políticos del poder judicial hacen lo que les conviene. No nos extrañaría que le den una condena suave, incluso que esté en libertad y ande defendiendo a Ortega, como sucedió en el caso de la masacre en Las Jagüitas, que el policía asesino andaba cantando ‘mi comandante se queda’ y disparando nuevamente contra el pueblo en Masaya”, expresó Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Proceso sigiloso y lleno de privilegios
Ese 1 de agosto, feriado en Managua, la audiencia se celebró de forma privada.
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La brasileña fue rafagueada por el paramilitar mientras conducía su carro. Según el dictamen forense, falleció de hemorragia masiva interna, después de recibir dos impactos de balas en el tórax y abdomen.
A pesar de estas circunstancias, sorprendentemente el Ministerio Público acusó a Pierson Gutiérrez Solís, quien fue miembro del Ejército de Nicaragua, de homicidio y portación ilegal de arma de fuego, a pesar que el caso cumple con todas las características del asesinato.
La pena por homicidio es de diez a 15 años de cárcel, mientras la pena por el asesinato es de veinte a treinta años, según el Código Penal de Nicaragua.
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El asesinato de la brasileña se dio en el contexto más fuerte de las protestas sociales en Nicaragua, cuando los paramilitares cargando armas de guerra se exhibían por todo el país, haciendo gala de violencia e impunidad, al desmontar tranques y barricadas en la capital con el apoyo de la Policía Orteguista.
Pierson era uno de los tantos paramilitares que mantenía custodiada la UNAN-Managua, luego que el 13 de julio la invadieran y expulsaran a balas a los estudiantes que estaban atrincherados en su recinto como método de protesta contra la represión de Daniel Ortega. A esa fecha iban más de trescientos pobladores asesinados, la mayoría estudiantes.
Cuevas expresó que esta falta de información sobre el caso de la brasileña es parte del hermetismo con que el régimen maneja todos los juicios políticos contra autoconvocados, pero en este caso lo que quiere es proteger al paramilitar.