Durante los últimos días el régimen Ortega Murillo ha escalado sus ataques en contra del periodismo independiente que, contra todas las adversidades, hace su mejor esfuerzo por llevar la información veraz a la ciudadanía.
Así, hemos visto los casos de agresiones y acoso a Gustavo Jarquín de Radio Corporación, Miguel Mora de 100% Noticias y del comentarista político Jaime Arellano.
A estos casos se suma ahora el ensañamiento de la Policía Orteguista en contra del editorialista de LA PRENSA, Luis Sánchez Sancho, quien se vio involucrado el sábado pasado en un accidente de tránsito que tuvo como resultado una persona con lesiones leves.
El afectado y sus familiares llegaron a un acuerdo con la familia Sánchez que es satisfactorio para ambas partes. Sin embargo, la Policía ha torpedeado dicho acuerdo manteniendo aislado a Sánchez Sancho, impidiéndole firmar el acuerdo. Además, en flagrante violación a sus derechos humanos y al principio de legalidad, desde el domingo no le permiten comunicarse con su familia ni con su abogado.
La actitud de la Policía está encaminada a causar el mayor perjuicio al editorialista de LA PRENSA, pues la Ley de Tránsito expresa en su artículo 122 que en los casos de lesiones leves “los involucrados serán puestos bajo arresto domiciliar hasta que la autoridad judicial competente conozca del caso”.
Pero además, al ya existir un acuerdo extrajudicial entre las partes, que está contemplado en el artículo 56 del Código Procesal Penal para casos como el que nos ocupa, el mismo código también establece en su artículo 57 que “el fiscal o cualquier interesado si este no se ha pronunciado, lo presentará al juez competente solicitándole ordenar su inscripción en el Libro de Mediación del juzgado, y con ello la suspensión de la persecución penal en contra del imputado por el plazo requerido para el cumplimiento del acuerdo reparatorio”.
En otras palabras, y en apego a la Ley, Sánchez no debió estar en la cárcel y lo que resta hacer a la Fiscalía es presentar el acuerdo ante el juez para suspender la acción penal.
Pero, muy al contrario, el Ministerio Público comunicó a la familia Sánchez que prepara una absurda acusación contra nuestro editorialista, indudablemente que por su inquebrantable compromiso con la libertad, la democracia y el Estado de Derecho.
A pesar de ello, instamos al gobierno de Daniel Ortega a revertir tal decisión y no convertir un accidente de tránsito en el que las partes ya han alcanzado un acuerdo, en una ofensa contra Luis Sánchez y su familia, que también constituiría un nuevo ataque contra LA PRENSA, los medios de comunicación independientes y las libertades de expresión e información.