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Aberración jurídica en caso Ana Quirós

Nicaragua vive un Estado Policial, como afirmó el director ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão. El dictador Daniel Ortega ha dado una muestra más de ello, al despojar arbitrariamente de la nacionalidad nicaragüense a la activista Ana Quirós, violando sus derechos ciudadanos, así como leyes nacionales e internacionales.

En un Estado Policial, el Estado se gubernamentaliza como nunca antes. El Estado se vuelve acción de administrar, se vuelve cada vez más gobierno, dando lugar a la indiferenciación entre hecho y derecho, propios de los estados de excepción permanentes como el que vivimos en Nicaragua.

El régimen de Ortega la emprendió contra la dirigente social de origen costarricense, quien fue además una de las primeras víctimas de la violencia irracional desplegada por la Policía Orteguista desde el 18 de abril de este año en el sector de Camino de Oriente, resultando seriamente lesionada. Quirós se nacionalizó nicaragüense hace más de 40 años, pero su clara oposición al gobierno de turno —como lo hizo antes frente a los gobiernos de los 16 años democráticos antes del regreso de Ortega en el 2007—, no fue tolerable para el dictador.

Ortega viola flagrantemente la Ley General de Migración y Extranjería dictada por su propio régimen en julio del 2011, (Ley 761) que señala en su Art. 64 (Pérdida de la Nacionalidad Adquirida por Nacionalización) como únicas causales: 1) Adquisición de otra nacionalidad; 2) Renuncia expresa de la nacionalidad nicaragüense; 3) Uso indistinto de su nacionalidad de origen y de la nacionalidad adquirida para salir e ingresar al territorio nacional; 4) Cuando la solicitud de nacionalización haya sido presentada con documentación fraudulenta o su contenido sea contrario a la verdad; 5) Cuando se nieguen a concurrir en defensa de la Patria en caso de agresión extranjera; y 6) Cuando fuere condenado por Actos de Traición por virtud de sentencia ejecutoriada. Nada más. No hay discrecionalidad. Y en esa aberración “jurídica” está coludida la ministra de Gobernación.

Además, Ortega y su ministra violan el Arto. 34 de la Constitución Política que garantiza a los ciudadanos un debido proceso y la correcta tutela judicial de los mismos, sin permitir la defensa de la nicaragüense Ana Quirós, ni las garantías procesales que en un Estado de Derecho habrían sido suficientes para evitar la arbitrariedad cometida.

No sería raro que un día de estos, el régimen decida expulsar al obispo Emérito de Granada, monseñor Bernardo Hombach, por dar entrevistas, sobre todo si recordamos lo que hizo en julio de 1985 con el obispo Pablo Antonio Vega, cuando decidió “dejarlo” en la frontera con Honduras después de trasladarlo en un helicóptero, decidiendo “suspender indefinidamente el derecho a permanecer en el país” del obispo. Y este último, no era alemán, ni tico, ni norteamericano. Nació en Nagarote.

Ortega en su obsesión, luce como Luis XIV, el tristemente célebre Rey Sol que afirmó: “L’état, c’est moi”.

Editorial Ana Quirós LA PRENSA archivo
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