Los orteguistas desempolvaron sorpresivamente ayer la propuesta de Ley de Justicia Constitucional, la que sustituirá a la actual Ley de Amparo. La iniciativa estuvo engavetada por dos años, pero la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) decidió reactivar la consulta con el nombramiento de la Comisión Especial Constitucional a cargo del trámite.
La comisión la integran cinco diputados, que son los orteguistas María Auxiliadora Martínez —quien la preside—, Jenny Martínez, Edwin Castro —jefe de la bancada FSLN—, Jimmy Blandón —del Partido Liberal Constitucionalista (PLC)— y Mauricio Urúe, de la bancada PLI-ALN-Apre. Además del director de Asesoría Jurídica del Parlamento, Omar García.
El proyecto de la Ley de Justicia Constitucional fue elaborado por la bancada del FSLN y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y lo presentaron en la Asamblea en agosto de 2016.
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Esa iniciativa de ley está propuesta para reemplazar a la Ley de Amparo, aunque los alcances de la nueva norma han sido criticados por juristas independientes porque, por ejemplo, le otorgaría potestad a los jueces de declarar inaplicable cualquier artículo de la Constitución cuando considere que roza con una ley ordinaria.
Gustavo Porras, orteguista y presidente de la Asamblea, no sometió ayer a votación del plenario la integración de la nueva Comisión Especial Constitucional, diciendo que no era necesario porque legalmente estaba vigente desde 2016.
“Estando vigente esa Comisión Especial, lo que hacemos es informar los nuevos miembros de la Comisión Especial para pasar al proceso de un trabajo de dictamen de esta Comisión para la Ley de Justicia Constitucional”, dijo Porras.
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Sin embargo, en 2016 los miembros de la Comisión Especial eran otros. Si bien eran parte Martínez y Castro, también estaba la sandinista Irma Dávila, más Antonio Mendieta y Róger Marín Hidalgo, que eran del Partido Liberal Independiente (PLI), cuando ese lo dirigía el opositor Eduardo Montealegre.
Estancada
La consulta de la propuesta de Ley de Justicia Constitucional se interrumpió en 2016 debido a la destitución ilegal de los diputados opositores que integran el PLI, y no los reemplazaron. En el nuevo período legislativo, a partir de 2017 se incluyeron a Jimmy Blandón y a Mauricio Urúe, pero la consulta no se reactivó entonces. “Llama la atención que lo hagan ahora, hay que estar pendiente de si meten algún cambio en la propuesta”, dijo Blandón.
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