Cómplices de la dictadura orteguista bajo la lupa de EE.UU.

El jurista y exasesor del Congreso de Estados Unidos, Jason Poblete, dijo que, a partir del anuncio de la orden ejecutiva, ningún estadounidense o compañías vinculadas con el mercado norteamericano puede establecer relaciones económicas con Murillo.

Funcionarios orteguistas que han sido señalados de cómplices de la represión del régimen de Daniel Ortega. Foto tomada de El 19 Digital

La orden ejecutiva, promulgada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, antes que el Departamento del Tesoro impusiera sanciones financieras a la designada vicepresidente de Nicaragua Rosario Murillo y al asesor Néstor Moncada Lau, es una herramienta para futuras sanciones, consideraron expertos consultados.

Según ellos, esta posibilidad es latente, cuando el presidente estadounidense otorga poderes al Departamento de Estado y al Tesoro para sancionar a cualquier persona que sea cómplice de Murillo, es decir, del régimen de Daniel Ortega.

“Esta orden ejecutiva es exclusiva para Nicaragua y, como tal, estas sanciones son únicas con respecto a otros programas que se han ejecutado”, insistieron los especialistas.

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El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso el pasado martes sanciones individuales a Murillo y a su asesor de seguridad nacional.

La OFAC es una herramienta administrativa destinada a ejecutar sanciones económicas y comerciales contra gobiernos extranjeros, individuos hostiles o empresas vinculadas a actividades de terrorismo, narcotraficantes y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Según la declaración oficial, la decisión se tomó porque señalan a los sancionados Murillo y Moncada por participar en corrupción desenfrenada, desmantelamiento de las instituciones democráticas, violaciones a los derechos humanos y explotación de recursos públicos de Nicaragua para beneficio personal.

La orden ejecutiva también declara al Gobierno de Nicaragua como “una amenaza para la seguridad nacional” de Estados Unidos y autorizó, además, al Tesoro a que actúe contra los implicados en la crisis sociopolítica nicaragüense.

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La situación dramática que vive el país en materia de derechos humanos inició en abril con la represión de la dictadura a las manifestaciones pacíficas, que demandan ahora un cambio democrático.

Las sanciones aplicadas —con la inclusión de los castigados en la lista de la OFAC— tienen como propósito evitar que los involucrados en delitos y crímenes entren a Estados Unidos, o hagan negocios por medio de sus instituciones financieras en virtud de algún delito. Los sancionados integran la llamada “lista negra”.

El jurista y exasesor del Congreso de Estados Unidos, Jason Poblete, dijo que, a partir del anuncio de la orden ejecutiva, ningún estadounidense o compañías vinculadas con el mercado norteamericano puede establecer relaciones económicas con Murillo.

Las medidas podrían ampliarse a personas que contribuyan a que los designados puedan evadir sanciones, explicó.

Complicaciones a entorno

“La banca internacional monitorea las designaciones de la OFAC y hay un escrutinio que podría incluir a familiares de los sancionados. En mi opinión, esa cadena (entorno de Murillo) está contaminada y el banco debería tomar medidas. A nivel macro habría complicaciones para ella y para su entorno”, aseveró Poblete.

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Gustavo Vila, director para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), reiteró que la OFAC publica una lista de nacionales especialmente designados (SDN, por sus siglas en inglés), que ubica en la lista a personas, organizaciones y embarcaciones con quienes los ciudadanos y residentes de Estados Unidos tienen prohibido hacer negocios.

“A partir de esas sanciones, la vicepresidente Murillo no podrá realizar negocios o tener cuentas en Estados Unidos, una de las cosas que podía hacer antes y ahora no podrá hacer”, explicó Vila.

El alcance de la orden

Según otro especialista consultado para analizar el caso de Murillo, que prefirió no ser identificado, las sanciones la afectan a ella únicamente, pero explicó que la orden ejecutiva de Trump se constituye en una herramienta que podría significar sanciones a los otros personeros del régimen.

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“No tiene un impacto directo sobre los miembros de su familia. No obstante, la orden ejecutiva otorga poderes al Departamento de Estado y al Tesoro para sancionar a todos los que han actuado o pretendido actuar, directa o indirectamente, en nombre de cualquier persona cuya propiedad o participación en alguna propiedad son bloqueados a partir de esta orden. En otras palabras, cualquier persona que ayude o sea cómplice de Murillo puede quedar sujeta a la orden ejecutiva en futuras sanciones”, precisó el experto.

En ese contexto, indicó que la orden de Trump “no se limita solo a Murillo y a Moncada; ellos son solo los primeros sancionados bajo esta herramienta ejecutiva. Y no solo constituye una Magnitsky para Nicaragua. Esta orden ejecutiva no solo brinda amplia autoridad para señalar a quienes cometen abusos contra los derechos humanos y actos de corrupción de forma directa, sino que también otorga poderes al Departamento de Estado y al Tesoro para sancionar a cualquier persona que menoscabe la democracia y a cualquier miembro del Gobierno de Nicaragua por alguna otra razón”.

El papel de Murillo

Poblete sostiene que Murillo tiene un papel clave en la situación política y económica de Nicaragua, y en ese sentido, las sanciones están destinadas a impactar en el blanco.

“La designación fue al punto, y no lo hicieron como en la época de (expresidente Barack) Obama, que empezaron a imponer sanciones indiscriminadas a funcionarios que no tenían un impacto clave en la política y en la economía (de Venezuela)”, diferenció.

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El experto consideró que la medida es parte de la estrategia anunciada en Miami por el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. El objetivo, explica Poblete, es romper el triángulo del terror integrado por Cuba, Nicaragua y Venezuela, y “enviarle un mensaje a Rusia, China e Irán, que si van a participar en este hemisferio tienen que saber que la estrategia ha cambiado y no queremos que estén creando desestabilización (en la región)”, apuntó el jurista.

La legalidad de Trump

Poblete indicó que el Congreso de Estados Unidos le da potestad al presidente para determinar si existe una amenaza contra la seguridad nacional de Estados Unidos.

En ese marco legal fue decretada la orden ejecutiva y, de acuerdo con su experiencia, el motivo de las sanciones van más allá de lo que se anunció. Asegura que las razones no son siempre reveladas en su totalidad.

“Podría estar vinculado con relaciones con países como Rusia, Irán y China; a la compra de armamento, la crisis migratoria y la inestabilidad en la región. Así es que un cúmulo de hechos y el equipo del Consejero de Seguridad Nacional recomendó (las medidas) y el presidente (Trump) aprobó que Nicaragua ha creado un desequilibrio en la región y que hay que ajustar la política de Estados Unidos hacia Nicaragua”, agregó.

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En su comparecencia en los medios oficialistas, Murillo se refirió este miércoles a las sanciones en su contra, solo para agradecer a las personas que, según ella, le han “llamado” para expresar solidaridad. Leyó el Salmo 91, un día después que invocó a los caídos y criticó al país que la sancionó.

El golpe del legislativo

El mismo martes que la administración Trump sancionó a Rosario Murillo, en el Senado de Estados Unidos se aprobó el proyecto de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, S.3233, empujado por el senador demócrata Bob Menéndez.

En un esfuerzo bipartidista, ese proyecto se fusionó con la ley conocida como Nica Act, formulada por la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, en la que se ata el voto de Estados Unidos en los organismos multilaterales a que haya cambios democráticos en Nicaragua. En el proyecto de Menéndez también hubo otra propuesta del senador Marco Rubio.

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“Ortega y sus secuaces han intensificado su campaña de opresión contra el pueblo nicaragüense”, dijo Ros-Lehtinen.
La ley aún falta que regrese al Congreso y luego sea enviada para firma donde el gobernante estadounidense Donald Trump.

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